El juez que investiga el caso Tándem, más conocido ya como caso Villarejo, ha citado a declarar como investigado al exembajador de Guatemala en Estados Unidos entre los años 2013 y 2015, Julio Ligorría Carballo, por un presunto delito de cohecho.
Tanto él como José Manuel Villarejo, su hijo, José Manuel Villarejo Gil, el socio del primero, Rafael Redondo y el inspector Antonio Bonilla, imputado también en las piezas Iron y Pintor del caso han sido citados a declarar como imputados en la pieza Pit, en la que se investiga la contratación del comisario José Manuel Villarejo por parte del empresario naviero Ángel Pérez-Maura para evitar su extradición a Guatemala, donde era reclamado por la Justicia. El país latinoamericano le investigaba por haber sobornado con cerca de 30 millones de dólares a las más altas autoridades del país (presidente y vicepresidenta) para que otorgaran a su compañía, Pérez & Cía, la explotación durante 25 años del Puerto Quetzal.
Para evitar dicha extradición, Pérez-Maura habría contactado con Villarejo que, según se investiga en la Audiencia Nacional, habría cobrado una cantidad millonaria de los empresarios Pérez-Maura gracias a la mediación de Adrián de la Joya, detenido hace pocos días y en libertad bajo fianza.
El comisario jubilado habría prometido al empresario español que movería hilos para evitar que le entregaran a la Justicia guatemalteca gracias a su posición dentro de la Policía y sus "buenas relaciones en la Audiencia Nacional". Sin embargo, su extradición fue rechazada por dicho Tribunal sin que se conozca ninguna mediación por parte de Villarejo con miembros de la Audiencia Nacional.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha citado a declarar como investigados en la pieza a un total de siete personas entre los próximos 3 y 11 de junio, según ha adelantado Lainformacion.com y ha podido confirmar este diario.
Detenido en 2017 en España
El exembajador Julio Ligorría, de doble nacionalidad guatemalteca y española, es uno de los citados a declarar. Se le investiga como una de las personas con las que Villarejo habría contactado para la "estrategia de defensa internacional" de Pérez-Maura, según fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL.
En 2017, el diplomático fue detenido en España cumpliendo con una orden de la Justicia de Guatemala, que le reclamaba por un presunto delito de blanqueo. Su extradición a dicho país fue rechazada por la Audiencia Nacional atendiendo a su condición de ciudadano español.