Los cuatro fiscales de Sala encargados del juicio al ‘procés’ han descartado incluir el delito de sedición en sus conclusiones acusatorias definitivas, ni siquiera como calificación alternativa a la rebelión.

Tras valorarlo, los representantes del Ministerio Público han renunciado a introducir el cargo, menos grave, de sedición al considerar que la prueba practicada a lo largo del juicio "ha acreditado que hubo un plan organizado, jerarquizado, con reparto de papeles” para separar a la fuerza a Cataluña del resto de España, un plan que siguió adelante pese a que los acusados “sabían que se desataría la violencia, como ocurrió”, señalan fuentes de la Fiscalía.

Este miércoles o, como muy tarde, el jueves las acusaciones tendrán que elevar a definitivas sus conclusiones. Los fiscales de Sala han informado a la fiscal general, María Jose Segarra, de su idea de introducir “cambios mínimos” respecto al escrito de acusación provisional conocido el pasado 2 de noviembre. Mantendrán la rebelión agravada por el empleo de fondos públicos y también la cuantía del dinero presuntamente malversado, con la única diferencia de que quitarán el importe del IVA de las facturas de gastos destinados a la celebración del referéndum ilegal del 1-O.

"Quebró el orden constitucional"

“Si se consideran uno a uno, individualmente, los actos que se produjeron el 20 de septiembre y el 1-O pudieran parecer una sedición. Pero 2.000 sediciones son una rebelión: en Cataluña no estuvo vigente el orden constitucional durante dos meses”, sostienen fuentes del Ministerio Fiscal, que afirman que la existencia de heridos (tanto ciudadanos como agentes de orden público) pone de manifiesto que se produjo la violencia “de la que el Govern fue avisado en la reunión en el Palacio de la Generalitat por los mandos de los Mossos d’Esquadra”. La Fiscalía concede una especial relevancia a ese encuentro detallado durante el juicio, entre otros testigos, por el mayor Trapero.

La Fiscalía modificará la redacción de algunos hechos, pero no para suprimir nada sino para precisarlos mejor. Será el caso del encargo a Unipost para la distribución de las cartas a los miembros de las mesas de votación y el reparto de material del referéndum. Los fiscales consideran que la prueba testifical les ha permitido conocer mejor la dinámica de comisión del presunto delito de distracción de fondos.

El Ministerio Publico se reafirmará, por tanto, en la petición de penas que hizo en la fase de calificación provisional. La máxima corresponde al exvicepresidente Oriol Junqueras (25 años de prisión por rebelión agravada), seguido de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (17 años de prisión por rebelión para cada uno); 16 años de prisión para los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull Raül Romeva, Dolors Bassa y Joaquim Forn y siete años de prisión para los exconsejeros Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs. Estos tres últimos no son acusados de rebelión sino de desobediencia y malversación.

Tampoco se esperan cambios en la acusación que sostiene la Abogacía del Estado, en su caso por sedición y malversación de fondos. No habrá alteración de la cuantía ni de la petición de penas, señalan fuentes de la acusación particular, que insta la pena más alta (12 años de cárcel) para Junqueras, flamante eurodiputado.