La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado este martes por unanimidad paralizar la exhumación de los restos de Francisco Franco, que el Gobierno de Pedro Sánchez había fijado para el próximo lunes.
A petición de los nietos de Franco, la Sala ha concedido esa medida cautelar a fin de que los recursos interpuestos contra el desenterramiento no resulten ineficaces.
La suspensión de la exhumación se mantendrá mientras dure la tramitación de esos recursos, promovidos por la familia, la Fundación Francisco Franco y la comunidad benedictina del Valle de los Caídos, donde los restos fueron sepultados en 1975.
En su resolución, el tribunal argumenta que, de no accederse a la suspensión y finalmente el recurso contra la exhumación prosperara, "nada impediría que se devolvieran los restos de don Francisco Franco Bahamonde al lugar en que se hallan desde noviembre de 1975". Pero esa situación "sería extraordinariamente perjudicial no sólo para los recurrentes [los nietos de Franco] sino también para el interés público por las singulares y únicas circunstancias que concurren en este caso".
El tribunal se refiere con ello a que habría "un muy grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, habida cuenta de la significación" de Franco. El hecho de que fuera jefe del Estado "atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar y que permiten atribuir un perjuicio irreversible a la ejecución de la decisión del Consejo de Ministros de exhumar sus restos si ésta, después, fuere considerada contraria a Derecho".
De otro lado, indica que la tramitación de los recursos no presenta particulares dificultades, por lo que "no hay razones que impidan resolver en un plazo razonable", sobre el fondo del asunto.
Los recursos se dirigen contra el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de marzo por el que dio por concluido el procedimiento administrativo iniciado el 31 de agosto de 2018 para la exhumación de Franco y estableció su reinhumación en El Pardo el próximo 10 de junio, dado que la familia no accedió a designar un destino alternativo "compatible con la garantía del orden público y la seguridad ciudadana", según el Gobierno. La familia había indicado la catedral de La Almudena.
El Gobierno ha construido una apoyatura legal para que la exhumación sea posible. El 24 de agosto de 2018 aprobó un real decreto-ley por el que se modificó la Ley de Memoria Histórica para "la resignificación del Valle de los Caídos". El decreto-ley fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 2018 con sólo dos votos en contra.