El Tribunal del Jurado de Valladolid que ha juzgado el asesinato de Sara, la niña de 4 años que murió en 2017 en el Hospital Clínico Universitario de la capital castellanoleonesa después de recibir una brutal paliza y ser violada, ha dictado ya sentencia contra su madre y el novio de ésta.
El hombre, Roberto H.H., ha sido condenado a prisión permanente revisable como autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento; a 22 años de prisión por cuatro delitos de maltrato a persona especialmente vulnerable, un delito de maltrato habitual y un delito de agresión sexual a menor de 16 de años. En todos los delitos, considera el Tribunal que concurre el agravante de odio por el origen rumano de la niña.
En cuanto a la madre de la menor, Davinia M.G., es condenada a 25 años de prisión como autora por comisión por omisión del delito de asesinato con alevosía, a dos años 11 meses de prisión por omisión de tres delitos de maltrato con lesiones y un delito de maltrato habitual. Los dos deberán indemnizar de manera conjunta al padre de la menor con 85.000 euros y a la hermana de la menor con 70.000 euros.
Segurirá viendo a su otra hija
El magistrado presidente del Tribunal, Feliciano Trebolle, no priva sin embargo de la patria potestad ni de la prohibición de comunicarse a la condenada con otra hija que tiene, aplicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo que exigiría que hubiera sufrido los mismos hechos o los hubiera presenciado. El pasado 25 de mayo ya se hizo público el resultado del veredicto de culpabilidad emitido por los nueve miembros del Jurado contra los dos acusados.
Los hechos juzgados se remontan a mayo de 2017, cuando la madre de la menor comenzó una relación sentimental de manera oculta con el condenado. A partir de ese momento, y cuando la madre seguía conviviendo con el padre de la menor, denunciante de los hechos, la niña comenzó a presentar moratones.
La madre llevó a la niña a los servicios pediátricos del hospital en julio de ese año y los servicios médicos abrieron un expediente por malos tratos por la gravedad de los golpes que sufría la menor. Sin embargo, la Fiscalía no encargó a los Servicios Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla y León que iniciaran una investigación hasta finales de julio de ese año.
Entre el 28 de julio y el 1 de agosto, los Servicios Sociales intentaron acceder al domicilio de la menor y la madre para comunicarle que le retiraban la custodia, pero la niña ya había sido trasladada al hospital, víctima de una brutal paliza y de una violación vaginal y anal que provocó su muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de la ciudad vallisoletana.