La Audiencia Nacional confirma que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana financió sus campañas electorales de 2007 y 2008 ilegalmente, con la ayuda de hasta nueve empresarios valencianos y los responsables de las empresas de la trama Gürtel.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma la sentencia del Juzgado Central de lo Penal del 11 de junio de 2018, que condenó a 20 personas por estos hechos y concluyó que "el Partido Popular de la Comunidad Valenciana se financió de una manera tan irregular que fue delictiva".
Dicha sentencia absolvió al exvicepresidente de la Generalitat Valenciana, Vicente Rambla, y condenó a cuatro años de prisión al exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. La condena contra el exmandatario del PP ya es firme, puesto que no la ha recurrido al aceptar una multa de 192.000 euros y 365 días de trabajos para la comunidad a cambio de su "colaboración" con la Justicia para esclarecer otras piezas del caso Gürtel, como la de Orange Market en la que el juez ha procesado recientemente a Francisco Camps por prevaricación y fraude.
Los otros responsables del Partido Popular valenciano a los que se confirman las penas son la exgerente del partido, Cristina Ibañez, condenada a 3 años y 4 meses de prisión, el el exsecretario David Serra, condenado a 3 años y 8 meses y la extesorera Yolanda García, condenada a 4 meses de prisión.
Cantidades en metálico
La Sala de lo Penal confirma los hechos probados de la sentencia de instancia y relata que a finales de 2006 Orange Market (empresa de Correa) fue contratada por el PPCV para desarrollar sus campañas electorales de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 así como las generales de 2008.
La empresa y el partido, dice la Audiencia, no respetaron los límites cuantitativos y requisitos impuestos a la formación por las leyes de régimen electoral y de financiación de partidos políticos. Añade que los responsables del PPCV condenados rebasaron completamente los límites legales del partido e idearon un sistema de forma que Orange Market cobrara los servicios prestados a través de empresarios simpatizantes y beneficiarios de adjudicaciones de obra pública, que "aceptaron ese acuerdo con la esperanza de obtener una posición ventajosa en futuras adjudicaciones".
Explica la Sala que se ideó un sistema que consistía básicamente en el pago de cantidades en metálico y en dinero B y en el pago de cantidades que se justificaban con unas facturas que no respondían a la realidad, porque el servicio reflejado en las mismas no había sido prestado al destinatario de la factura, sino al PPCV.
A su vez, continúa la resolución, los ingresos que los responsables y socios de Orange Market obtenían por esta singular forma de cobrar sus servicios no eran transparentes para la Hacienda pública, por lo que varios de los acusados han sido condenados también por delitos fiscales por impago del impuesto de sociedades, del IVA e incluso del IRPF.