El juez De la Mata investiga a 15 empresas por presuntas comisiones del 3% a CDC

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que instruye el caso del 3% catalán, en el que se investiga a altos cargos de Convèrgencia Democrática de Cataluña (CDC) por poner en marcha presuntamente una estructura para financiar ilegalmente el partido político con la ayuda de empresarios y cargos públicos, ha citado a declarar como investigados en la causa a los representantes de 15 empresas. 

Dichas compañías, que tendrán que acudir a declarar entre los próximos días 3 y 5 de julio son Teyco SL, Costraula Enginyeriia i Obras SAU, Urbaser SA, Fundación ACS, Grup Soler Constructora SL, Copisa, Tec Cuatro SA, Oproler Obras y Proyectos SLU, Romero Gamero SA, Benito Arno e Hijos, Pasquina SA, Ayesa Enginyeria y Serveis SA, Deco SA, Certis Obres y Serveis SAU e Impulsa Ortiz SL.

El juez también ve necesario tomar declaración de nuevo al presidente de Teyco, Jordi Sumarroca, al exgerente de la Agencia Catalana del Agua, José Luis Quer y al extesorero de CDC, Daniel Osacar. 

Más de un millón de euros

En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional afirma que los cargos públicos, funcionarios y empresarios investigados en la causa "alteraban todo tipo de concursos públicos con la finalidad de "dirigir" los mismos hacia las empresas de los empresarios conniventes quienes, a su vez, realizaban "donaciones" a fundaciones ligadas a CDC (Catdem y Forum Barcelona)". 

Pagos que, según el juez, "estaban vinculados y se producían específicamente a cambio y como contraprestación por la adjudicación de concretas obras públicas con vulneración de los principios de legalidad, igualdad y transparencia", explica el instructor. 

El monto total de las adjudicaciones definitivas asciende por el momento a más de 168 millones de euros, según el juez, y el de las "donaciones" irregulares ligadas a estas adjudicaciones a más de 1 millón de euros. 

El juez amplía la investigación por estos hechos a las 15 empresas antes mencionadas y se refiere a contratos concretos concedidos por ayuntamientos y organismos catalanes que habrían escondido las presuntas mordidas entre 2009 y 2015.

Según De la Mata, las empresas habrían intentado ocultar las donaciones por dos vías: "en relación con su origen, realizando los pagos desde diferentes empresas o fundaciones pertenecientes al mismo holding empresarial para ocultar y disimular su origen; por otro, en relación con su destino, destinando los pagos a distintas fundaciones que tenía disponibles CDC para obtener financiación, Catdem y Fundación Forum Barcelona".