El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha confirmado que sus dos ordenadores destruidos por el Partido Popular tras estallar el caso Gürtel, motivo por el que el partido se sienta en el banquillo de los acusados este jueves, contenían información sobre la caja B de la formación que nunca se entregó en sede judicial. 

A diferencia de lo que ha defendido el asesor legal del PP y acusado Alberto Durán, que ha dicho que el Toshiba y el Apple de Bárcenas "no tenían contraseña ni datos algunos", el extesorero afirma que contenían datos que requirió para entregar al Juzgado Central de Instrucción número 5 donde se investigaba la financiación irregular del partido y no pudo hacerlo al no devolvérselos el PP. 

Concretamente, Bárcenas ha afirmado que "en el ordenador Apple había documentos escaneados de recibos que no conservaba en papel. Había complementos a la información de los papeles de 1990 a 2008 (la contabilidad B del partido entregada al juez Pablo Ruz), presupuestos de campañas electorales, cómo se habían financiado, quiénes eran los donantes...y personas que se comprometían a devolver al PP las acciones de Libertad Digital cuando lo reclamaran", ha explicado con toda claridad. 

En cuanto al segundo de los ordenadores, el Toshiba, Bárcenas también ha confirmado que contenía información relativa a la financiación irregular del PP: "Lo que yo necesitaba en ese momento del Toshiba Libreto era la información que guardaba en relación con el procedimiento de Época I (con una sentencia condenatoria ya para el Partido Popular como partícipe a título lucrativo) y UDEF BLA (la relativa a la caja B del PP). Echaba mano del ordenador para buscar información que no encontraba en mis papeles", ha dicho Bárcenas. 

El histórico gerente del PP ahora en prisión también ha contradicho al PP, que se sienta en el banquillo como persona jurídica por dos delitos de daños informáticos por la destrucción de los dos ordenadores. Mientras el partido sostiene que los ordenadores eran de su propiedad y les hizo un borrado para cumplir con la "Ley de Protección de Datos" una vez Bárcenas fue despedido, éste sostiene que los ordenadores "son míos, los compré yo". 

Arrepentido de retirar la acusación

Bárcenas ha encuadrado la destrucción de los discos duros de sus dos ordenadores entre mayo y junio de 2013 en una operación del partido en el Gobierno, el PP, para ocultar datos comprometedores. De hecho, la ha comparado con la operación Kitchen que se investiga en una de las piezas del caso Tándem o caso Villarejo en la Audiencia Nacional. 

Según la Fiscalía Anticorrupción y como ha reconocido el comisario Enrique García Castaño, Interior puso a disposición del PP a mandos policiales para que llevaron a cabo una operación de Inteligencia contra Bárcenas y recuperaran documentos en su poder que ponían entre las cuerdas a los altos mandos del partido.

Entre las actuaciones de dicho operativo, según se investiga, estaría el intento de secuestro de sus familiares por parte de un hombre disfrazado de cura, Enrique Olivares, que cumple condena en Cuenca por dichos hechos. También la entrada en un estudio de restauración de su mujer, Rosalía Iglesias, de un miembro de dicho operativo "parapolicial" para requisar documentos. 

En este sentido, Bárcenas ha dicho que "si hubiera conocido antes la operación Kitchen no habría retirado su acusación de este caso de los ordenadores porque "sería un episodio más de esa operación porque son coincidentes en el tiempo".

Los hechos juzgados

En el banquillo de los acusados, además del Partido Popular como persona jurídica representado por la abogada María Massó, del despacho Baker & McKenzie, se sientan Carmen Navarro, tesorera del PP en 2013, Alberto Durán, responsable jurídico del partido, y José Manuel Moreno, responsable informático. Las acusaciones populares, ejercidas por Izquierda Unida, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) y el Observatori Desc, piden penas de hasta 4 años y 6 meses de prisión por dos delitos de daños informáticos y uno de encubrimiento. IU solicita una multa de casi 11 millones de euros para el Partido Popular "atendiendo a la gravedad del resultado producido y a la especial afectación sufrida por los intereses generales a consecuencia de los delitos descritos. 

[Más información: Durán, acusado de destruir los ordenadores de Bárcenas: "No tenían contraseña ni datos"]

El juicio comenzó el pasado 14 de junio y el Partido Popular no logró su objetivo, que era salir del banquillo de los acusados como persona jurídica ciñéndose a la denominada doctrina Botín, por la que una acusación popular no puede sostener un proceso si decaen la acusación particular y la de la Fiscalía y los hechos juzgados no afecta al interés general.

Finalmente, el magistrado Eduardo Muñoz de Baena decidió dejar la decisión de si corresponde o no aplicar la denominada doctrina Botín al momento de la sentencia y decidió continuar con el juicio con el PP en el banquillo de los acusados. La Fiscalía, aunque no acusa al PP y solicitó el archivo de la causa, sí que considera que la acusación popular está legitimada, puesto que considera que en el delito de encubrimiento se vulnera un bien jurídico protegido, el del buen funcionamiento de la Justicia, por lo que la acusación popular sí estaría justificada atendiendo al punto número 5 del artículo 20 del Código Penal como una de las excepciones del artículo 782.1 de la Lecrim.