El Partido Popular, que se sienta en el banquillo de los acusados del juicio de los ordenadores de Bárcenas por haber destruido dos ordenadores del extesorero Luis Bárcenas que contendrían, según afirmó éste, información sobre la caja B del PP, ha defendido que lo hizo para proteger la Ley de Protección de Datos.
Por primera vez un partido político se sienta en el banquillo de los acusados como persona jurídica en España, en este caso por dos presuntos delitos de daños informáticos. Sin embargo, ningún alto cargo de la formación ha declarado como acusado, sino que lo ha hecho una representante en nombre de éste, la abogada María Massó del despacho Baker&Mckenzie, despacho al que el PP ha recurrido en otras ocasiones.
Massó ha defendido que efectivamente el responsable de informática del PP, José Manuel Moreno, acusado de dos delitos de daños informáticos y otro de encubrimiento por el que se enfrenta a cuatro años y seis meses de prisión destruyó los discos duros de un ordenador Toshiba y otro Apple para "cumplir con la legalidad vigente de datos, con la Ley de Protección de Datos".
Según la abogada, en 2012, respondiendo al informe de una auditoría externa, el señor Moreno acordó implantar un procedimiento de protección de datos que implicaba la destrucción de los ordenadores de los trabajadores del partido que dejaran su cargo por distintas razones. En el caso de Bárcenas, según Massó, ocurrió lo mismo puesto que los dos ordenadores cuyos datos se eliminaron eran "sin ninguna duda propiedad del PP" y "así lo acreditan las facturas que se han entregado en la instrucción".
Los hechos juzgados
En el banquillo de los acusados, además del Partido Popular como persona jurídica representado por la abogada María Massó, del despacho Baker & McKenzie, se sientan Carmen Navarro, tesorera del PP en 2013, Alberto Durán, responsable jurídico del partido, y José Manuel Moreno, responsable informático. Las acusaciones populares, ejercidas por Izquierda Unida, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) y el Observatori Desc, piden penas de hasta 4 años y 6 meses de prisión por dos delitos de daños informáticos y uno de encubrimiento. IU solicita una multa de casi 11 millones de euros para el Partido Popular "atendiendo a la gravedad del resultado producido y a la especial afectación sufrida por los intereses generales a consecuencia de los delitos descritos.
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El juicio comenzó el pasado 14 de junio y el Partido Popular no logró su objetivo, que era salir del banquillo de los acusados como persona jurídica ciñéndose a la denominada doctrina Botín, por la que una acusación popular no puede sostener un proceso si decaen la acusación particular y la de la Fiscalía y los hechos juzgados no afecta al interés general.
Finalmente, el magistrado Eduardo Muñoz de Baena decidió dejar la decisión de si corresponde o no aplicar la denominada doctrina Botín al momento de la sentencia y decidió continuar con el juicio con el PP en el banquillo de los acusados. La Fiscalía, aunque no acusa al PP y solicitó el archivo de la causa, sí que considera que la acusación popular está legitimada, puesto que considera que en el delito de encubrimiento se vulnera un bien jurídico protegido, el del buen funcionamiento de la Justicia, por lo que la acusación popular sí estaría justificada atendiendo al punto número 5 del artículo 20 del Código Penal como una de las excepciones del artículo 782.1 de la Lecrim.