El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo ha asegurado este miércoles ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción que nunca se reunió con el expresidente del BBVA Francisco González ni habló con él, dado que su contacto en la entidad financiera era el jefe de seguridad del banco, Julio Corrochano.
En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, el abogado del comisario, Antonio José Cabrera, explicaba así el contenido de la declaración de Villarejo en la cárcel como investigado por los servicios que su empresa, Cenyt, prestó a la entidad financiera durante cerca de 13 años a cambio de importes que podrían superar los 10 millones de euros.
Los investigadores consideran que esos servicios constituyeron una labor de espionaje para neutralizar el intento de asalto al BBVA que preparaban distintos empresarios como Luis de Rivero, de Sacyr, con la connivencia de miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Un encargo del Estado
Preguntado por la implicación de González, el letrado ha incidido en que el origen de las instrucciones para contratar a Villarejo habrá de determinarlo el juez, porque el comisario sólo ha reconocido que su contacto era Corrochano, con quien despachó "en varias ocasiones" y "con quien se firmaron los contratos".
Tras incidir en que los servicios que Cenyt daba al BBVA como "recuperación de saldos de morosos" era "una actividad totalmente lícita", Villarejo ha explicado ante el juez que el encargo relativo a frenar la entrada de Sacyr en el Consejo de Administración de la entidad y que conllevó seguimientos a políticos, empresarios y políticos, tenía relación con la seguridad del Estado, siempre según el letrado.
"No se hizo ningún tipo de espionaje sino un encargo de Estado en interés de la soberanía nacional, económica y política de España. Le fue encargado por los servicios de Inteligencia y no se enmarca como espionaje sino como una labor defensiva del banco en sus propios intereses", señala García Cabrera.
Insiste en que la posición que Villarejo ha defendido ante el juez es que "la Inteligencia española le encargó esos informes" sobre la entrada de Sacyr y los confeccionó "en el marco de una actuación legítima que realizaba el banco, una labor defensiva ante una OPA que parecía del todo injustificada".
Entiende así el comisario que "lo que se defendió eran intereses generales de España en virtud de los cuales el señor Villarejo tenía encargado, en parte, la realización de esa actividad".