La Fiscalía de Burgos pide 39 y 40 años de prisión para los exjugadores de la Arandina Club de Fútbol, Carlos Cuadrado, Víctor Rodríguez y Raúl Calvo, por agredir sexualmente a una menor de 15 años en grupo en septiembre de 2017.
El Ministerio Público considera probado que los tres contactaron con la menor, "a la que conocían con anterioridad y sabían la edad que tenía", por aplicaciones de mensajería telefónica y la convencieron para que mantuviera relaciones sexuales con ellos.
"El 24 de noviembre de 2017, la menor acudió al domicilio de los tres procesados, donde después de una conversación fue obligada a mantener relaciones sexuales con todos ellos en el salón de la casa para seguidamente ser obligada por Raúl Calvo a soportar otra relación sexual en el dormitorio de la vivienda".
La Fiscalía solicita 39 años de prisión para Carlos Cuadrado y Víctor Rodríguez por un delito de agresión sexual a una menor de 16 años como autores y dos delitos de agresión sexual continuada a una menor de 16 años como cooperadores necesarios, además de un año de prisión por delito contra la libertad sexual. Además, también pide que no puedan acercarse a menos de un kilómetro a la menor durante 13 años y no puedan comunicarse con ella por mensajería de móvil.
Criterio del Supremo con 'La Manada'
Para Raúl Calvo, la Fiscalía solicita 40 años de prisión por los mismos delitos puesto que le consideran el autor de la agresión sexual continuada. El Ministerio Fiscal tiene en cuenta para solicitar dichas penas la sentencia de 'La Manada' del Tribunal Supremo en la que los magistrados indicaron que si las acusaciones hubieran acusado de cooperación necesaria a cada uno de los acusados en las agresiones del resto, habrían sido condenados también por tales delitos.
Los tres acusados estuvieron en prisión provisional durante tres meses, entre diciembre y abril de 2018, y quedaron en libertad con medidas cautelares bajo una fianza de 6.000 euros. La Fiscalía, que informó a favor de su libertad, se muestra a favor de que continúen únicamente con la retirada del pasaporte y comparecencias en un juzgado hasta que arranque el juicio. También pide que el juicio se celebre a puerta cerrada para la protección de los menores de edad intervinientes en el proceso.