El empresario Javier López Madrid ha solicitado que declaren en la Audiencia Nacional los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaboraron un informe en el que apuntaban a que él y el exconsejero madrileño Francisco Granados habrían creado la sociedad Bustren SL entre 2012 y 2014 para vehiculizar presuntas comisiones de OHL a cambio de "favores políticos".
El yerno del presidente del Grupo Villar Mir, Juan Miguel Villar Mir, califica el informe de la Guardia Civil de "delirante" en un escrito remitido al juez Manuel García-este lunes. La defensa impugna el atestado policial y solicita la declaración de sus autores para que aclaren las "carencias y debilidades" que aprecia.
La Guardia Civil indicó en el informe que López Madrid y Granados habrían participado en la sociedad Bustren a través de terceras personas o testaferros para que el exconsejero cobrara comisiones por la adjudicación de la obra del tren de Navalcarnero. En el caso del primero, los agentes situaban a su hermana Myriam Leonor López Madrid -a la que el juez ha citado a declarar este miércoles- y en el caso del segundo, a su jefe de gabinete Ignacio Palacios.
"Lo que propone la UCO en su atestado es que el señor Granados y el señor López Madrid decidieron actuar como una ONG con Bustren, regalándole ingresos ficticios para que se pagasen sus nóminas y gastos en los dos primeros años de funcionamiento", se puede leer en el escrito. "No hay que saber mucha economía para comprender que nadie va a desviar grandes cantidades de comisiones legales o ilegales a una sociedad en la que no controla el 77,5% de la sociedad si se asume, algo que no se demuestra, que ambas personas estaban coordinadas", indica la defensa.
"Error de enfoque"
López Madrid contradice las conclusiones de los agentes de la UCO y afirma que hay un "error de enfoque" en el atestado. "Consideran que Bustren se utiliza para desviar fondos a favor del Sr. Granados y suponemos (ya que no está tan clara la acusación) a favor del Sr. López Madrid. Ahora bien, el Sr. Palacios, a quien se atribuye la condición de testaferro del Sr. Granados, poseía sólo el 10% de la sociedad, mientras que la mercantil Noyer Proyectos SL, cuya administradora es la hermana de mi mandante, participó en Bustren con un 12,5% de las participaciones sociales".
López Madrid pregunta en el escrito remitido al juez: "¿Para qué iban a hacer gestiones estos dos socios minoritarios, tendentes a obtener comisiones legales o ilegales a favor de una sociedad en la que no tenían ni una minoría de bloqueo?".
La defensa del investigado se queja de que los agentes no hayan "analizado la información contable de Bustren lo que, por sí mismo, habría bastado para refutar los hechos delictivos que se presumen cometidos".
No es una sociedad pantalla
Por otro lado, el empresario argumenta que Bustren no fue una "sociedad pantalla", sino que se creó tras la disolución de la empresa pública del transporte madrileño, MINTRA, para incorporar el "talento" personal que había en ésta.
"Las sociedades instrumentales utilizadas para el cobro de comisiones, legales o ilegales, suelen tener pocos gastos de estructura y escasa plantilla (...) la sociedad, durante el periodo analizado tuvo una plantilla aproximada de 12 personas, la mayoría con titulación universitaria, lo que la aleja del modelo de una sociedad "pantalla" receptora de comisiones", se puede leer en el escrito remitido al juez del caso, que tendrá que decidir si acepta o no citar a declarar a los agentes de la UCO, como solicita López Madrid.