La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este viernes al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, que cite en condición de investigada a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, tal como adelantó EL ESPAÑOL. Pero el catálogo de citaciones no se queda en Aguirre y se extiende también a Cristina Cifuentes, Ignacio González y el expresidente de Indra Javier Monzón, hoy al frente de Prisa, editora de El País.
Las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá han presentado en la Audiencia Nacional un amplio escrito que tiene por finalidad ordenar el caso Púnica, uno de los procedimientos penales que afecta al Partido Popular y, en concreto, a su estructura en Madrid. Las diligencias empezaron a tramitarse hace ya cinco años y necesariamente deberán terminar, sin prórroga posible, antes del próximo 6 de junio.
Las fiscales han concretado los hechos y personas afectadas en cada una de las piezas en que se dividió el procedimiento. La número 9 se refiere al presunto desvío de fondos para pago de gastos del Partido Popular de la comunidad de Madrid, ya que existen numerosos indicios de que el PP madrileño se benefició de una inyección extra de fondos, al margen de los límites legales, en las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011.
Existen también indicios de que empresas en la órbita del PP habrían organizado un entramado de facturas ficticias para encubrir pagos destinados a actos electorales del partido. Finalmente, hay datos que esas empresas pudieron verse favorecidas por la adjudicación de contratos públicos.
El origen de esa información fue una agenda manuscrita del exconsejero Francisco Granados (que, además de alto cargo en el Gobierno de Aguirre, fue secretario regional del PP de Madrid) encontrada en el registro de su vivienda. Una de las hojas cuantifica un total de 2,1 millones de euros bajo el concepto in (entrada). La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil concluyó en un informe emitido en febrero de 2016 que una parte de esos fondos, 500.000 euros, se los repartieron el propio Granados y el empresario Javier López Madrid, mientras que el resto "tendría como destinatario final del PP de Madrid en un importe final de 1.600.000 euros que habría recepcionado el entonces gerente Beltrán Gutierrez". Los fondos habrían ido a parar a la campaña de las elecciones autonómicas de 2011, en las que Esperanza Aguirre consiguió su tercera mayoría absoluta.
Granados prestó declaración ante el juez García-Castellón en febrero de 2018 y no sólo afirmó que su antigua jefa dispuso de fondos en B para las campañas sino que amplió el espectro incriminatorios: las campañas "específicas" de Aguirre eran "dirigidas siempre por Ignacio González y Cristina Cifuentes", dijo.
Ambos -considera Anticorrupción- también deben ser citados a declarar como investigados, al igual que los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes, desde cuyas Consejerías pudieron adjudicarse contratos de publicidad a favor de proveedores de servicios para las campañas del PP de Madrid.
Indicios contra Indra
El escrito de las fiscales incluye igualmente la citación como investigado del expresidente de Indra Javier Monzón, hoy presidente del grupo Prisa.
El último informe de la UCO de la Guardia Civil, que se encarga de la investigación de la trama Púnica, afirma que la empresa Indra (adjudicataria de millonarios contratos de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, ICM) habría financiado con un total de 566.497 euros gastos de las campañas del PP madrileño en 2007 y 2011.
Según el informe, emitido el pasado junio, esos fondos se destinaron formalmente a pagar cursos de formación contratados por Indra a la empresa Formaselect, vinculada a Óscar Sánchez Moyano. Pero se transfirieron de inmediato a distintas sociedades de Sánchez Moyano y Juan Miguel Madoz "para retribuir los trabajos" que otra de sus empresas, la consultora Swat, prestó al PP de Madrid para asesorar en la estrategia de comunicación en las campañas.
La exdirectora general de Medios del Gobierno madrileño, Isabel Gallego, declaró que Aguirre participaba en las reuniones de estrategia con Swat, aunque no dijo que en esos encuentros se abordaran cuestiones financieras.
Según la UCO, Indra también habría accedido a petición de ICM a subcontratar en 2012 a la empresa Eioco, de Alejandro de Pedro, que trabajó para el PP de Madrid en las elecciones de 2011 en trabajos relacionados con las redes sociales.