El juez cerca a Oleguer Pujol por presuntos delitos fiscales en negocios que le hicieron millonario

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el origen de la fortuna de los miembros del clan Pujol, situada en gran parte en el extranjero, y si cumplieron sus obligaciones con la Hacienda española ha acordado requerir a Oleguer Pujol Ferrusola, el hijo menor del expresidente de la Generalitat catalana, para que acredite la tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de las millonarias plusvalías que percibió con la venta de sus participaciones en New Positively 21 S.L. e Incola Ciudad S.L.

El magistrado José de la Mata ha acordado en una resolución dictada el pasado jueves aceptar la petición de los inspectores de la Agencia Tributaria que investigan las operaciones financieras y empresariales de Oleguer Pujol de reclamarle información y documentos relacionados con esas dos sociedades.

New Positively 21 S.L. e Incola Ciudad S.L. están en el punto de mira del instructor porque en junio de 2014 Oleguer Pujol y otros accionistas minoritarios obtuvieron un beneficio de 3,9 millones de euros cuando su inversión, un año y siete meses antes, fue de 850.000 euros. En cambio, el grupo valenciano Atitlán, que era accionista mayoritario con una inversión de 5,85 millones, obtuvo un limitado beneficio de 400.000 euros.

New Positively 21 S.L. e Incola Ciudad S.L. fueron utilizadas por Oleguer Pujol y Roberto Centeno -CEO de Atitlán y yerno de Juan Roig, presidente de Mercadona- para comprar a Mercadona cuatro inmuebles que posteriormente le arrendó.

El juez no sólo solicita a Oleguer Pujol los datos de la tributación del beneficio que obtuvo con la venta de su participación en esas sociedades sino que también le reclama -"si a su derecho conviniere"- los documentos de liquidación de las mercantiles, así como la aportación de los justificantes de los movimientos bancarios asociados al destino y distribución entre los accionistas de los importes obtenidos con la venta de las participaciones.

Aquí entra en escena la sociedad holandesa BMD Toussaintkade 48 Den Haag. Los inspectores de la Agencia Tributaria sostienen que esta compañía -controlada por Oleguer Pujol y su socio en Drago Capital Luis Iglesias- es una estructura financiera "absolutamente artificial" que se utilizó para aparentar que los fondos que invertían procedían de los Países Bajos a través de préstamos participativos concedidos por BMD.

"La realidad de los movimientos bancarios demuestra que la mayor parte de los fondos aportados nunca salió de territorio español", aseguraban los inspectores en un informe al juez fechado el pasado 26 de abril. Los peritos creen que Pujol interpuso BMD para canalizar inversiones en negocios inmobiliarios realizados en España y la usó también para transferir los beneficios invertidos "sin tributar en España o haciéndolo de forma muy reducida".

En su resolución del pasado jueves, De la Mata reclama a Oleguer Pujol y a Luis Iglesias el extracto de los movimientos bancarios de una cuenta de BMD en la entidad holandesa ING Bank.

Asimismo, requiere a Drago Capital S.L., a través de Oleguer Pujol y Luis Iglesias "por ser los últimos titulares de la misma", los documentos de la liquidación de Longhore S.L. Esa mercantil fue utilizada para hacerse con la gestión de las sedes de Prisa en Madrid y Barcelona por 300 millones de euros.

El juez reclama las cuentas anuales, libro diario, libro mayor y balance de sumas y saldos de Longshore en los años 2014 y 2015.