El juez de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ha citado a declarar como investigados a cuatro policías (ahora jubilados o en segunda actividad) en la pieza 8 del caso Tándem o caso Villarejo, en la que se aborda la presunta extorsión del "clan parapolicial" del comisario José Manuel Villarejo al empresario marbellí Felipe Gómez Zotano y cuyo secreto de sumario acaba de levantarse.
Constancio Riaño, que fue jefe de Sección Operativa de la Comisaría General de Información y ahora está jubilado, José María Serrano Ydígoras, inspector de Policía en segunda actividad, Juan José Díez Álvarez, inspector jefe de Policía jubilado y Antonio Bonilla, inspector también en segunda actividad, están investigados por los presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. El juez les ha citado el próximo 23 de septiembre.
Todos fueron dependientes de la Comisaría General de Información y tendrán que explicar en el juzgado por qué consultaron información personal reservada a las bases de datos policiales sobre el empresario Gómez Zotano. Una información que, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción, habría remitido Constancio Riaño al abogado y colaborador de José Manuel Villarejo, Rafael Redondo, con el nombre de 'informe de actividad' y que sirvió a éste para elaborar un "informe prejudicial, patrimonial y de análisis documental con información no accesible a través de registros públicos" sobre el empresario, según denunció él mismo ante Anticorrupción.
Los investigadores sostienen, según la información del sumario a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que Villarejo y sus colaboradores realizaron seguimientos presuntamente ilegales al denunciante para después presentar querellas contra él en nombre de Marzena Katarzina Nikiel, una ciudadana polaca también investigada en la causa.
Ésta habría alquilado una vivienda con opción a compra al empresario en la localidad malagueña de Benhavís y se sintió estafada por él. Habría contratado los servicios del despacho de abogados Stuart&McKenzie adscrito a las empresas de Villarejo para demandarle. Para "obtener información sensible que sustentara aquellas denuncias y demandas Marzena Katarzina Nikel habría contratado los servicios de Rafael Redondo", argumenta la Fiscalía, que solicitó las citaciones de investigados admitidas por el juez.
Dicha información sensible se habría recogido en un "dossier falso" del Grupo Cenyt, del que formaba parte el comisario entonces en activo José Manuel Villarejo, el verano de 2015. Previamente, el empresario marbellí denunció haber sido víctima de un robo en su vivienda y de haber sufrido "extorsiones y seguimientos". Presentó denuncias contra Marzena Katarzina y ésta se querelló también contra él por la presunta estafa en el alquiler de su vivienda con opción a compra, que el empresario suscribió a través de una sociedad off shore. Puesto que ella pagó las mensualidades en efectivo, según fuentes jurídicas conocedoras de la disputa, el empresario afirmó después que nunca le pagó y ella le llevó a los tribunales. Las querellas de la mujer acabaron archivadas.
Correo electrónico intercambiado entre Constancio Riaño y Rafael Redondo
Imprudencia del socio de Villarejo
El mencionado correo electrónico que motiva las citaciones judiciales de los policías fue encontrado en los registros de la Unidad de Asuntos Internos del caso Villarejo, en los que se detectó las presuntas consultas ilegales sobre Zotano y también sobre los miembros del despacho de abogados Balder IP Law, motivo por el que algunos de los policías investigados en la pieza 8 también están investigados en la Pieza 2 o Iron del caso.
A raíz de dicho correo electrónico, tres oficios de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía del 30 de noviembre de 2018, 22 de mayo de 2019 y 9 de julio de 2019 han permitido aclarar quiénes fueron las personas que, dentro de la Comisaría General de Información, realizaron las consultas en el índice único informatizado de la Policía.