Cenyt, la empresa utilizada por el excomisario José Manuel Villarejo para labores de espionaje por las que está siendo investigado por la Audiencia Nacional, no sólo fue contratada por el BBVA para contrarrestar operaciones financieras hostiles o para averiguar el patrimonio y las actividades de morosos y clientes del banco sino que también hizo servicios en beneficio de intereses particulares del expresidente Francisco González.

Así se desprende de la investigación interna desarrollada en los últimos meses por el BBVA e iniciada tras conocerse el pasado enero que la entidad contrató en el año 2004 al expolicía, ahora en prisión por una pléyade de presuntos delitos (organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y revelación de secretos, entre otros), para espiar a miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como a empresarios y directivos de Banca, con el fin de neutralizar la entrada de Sacyr en la entidad vasca. El excomisario denominó a ese encargo del BBVA proyecto trampa, que ahora constituye una de las piezas separadas del caso Tándem o caso Villarejo.

El proyecto trampa fue uno de los servicios que la empresa Cenyt contrató con el BBVA. Pero Villarejo desarrolló otros trabajos para el banco sin el amparo de un contrato escrito. Éste ha sido uno de los descubrimientos de la investigación interna ordenada por el actual presidente de la entidad, Carlos Torres, que ha sido puesto en conocimiento del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

La característica de estos trabajos no regulados por cláusulas contractuales es que no estaban al servicio del BBVA sino de su presidente, Francisco González. FG anunció en septiembre de 2018 que adelantaba su marcha de la entidad al 31 de diciembre de ese año. Nueve días después trascendió la existencia del proyecto trampa a través de la web moncloa.com.

De acuerdo con la información que el banco ha entregado en la Audiencia Nacional, los encargados de la investigación forensic (la firma auditora PwC y los despachos jurídicos Uría y Garrigues) han localizado informes elaborados por Cenyt en 2014 referidos a la localización, valoración, información registral y condiciones de adquisición de fincas en cuya compra estaba interesado Francisco González.

El Escorial

En uno de esos informes se detallan datos sobre dos empresarios, Joaquín Arespacochaga Llópiz y Luis Palacios Moreno, y su relación con la empresa Rochester Ibérica, propietaria de una finca en El Escorial (Madrid).

Arespacochaga Llópiz -destacado asesor fiscal y relacionado con personajes como Edmundo Rodriguez Sobrino, que fue apoderado de Rochester Ibérica y está implicado en el caso Lezo; el empresario iraní Massoud Zandi o los hermanos Íñigo, José y Nicolás Cotoner, hijos de quien fue jefe de la Casa del Rey- está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid por una presunta defraudación tributaria. Arespacochaga también tiene la condición de investigado en el caso Bahía Competitiva, unas diligencias del Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz relativas al desvío a paraísos fiscales de 21 millones de euros concedidos por el Ministerio de Industria para inversiones en la bahía gaditana.

Además del informe sobre la finca de El Escorial, los responsables de la investigación forensic han encontrado correos electrónicos que ponen de manifiesto que la utilización de Cenyt para encargos sin contrato al servicio de FG era conocida por otros altos directivos del BBVA.

Mails de Gortari

Se han localizado mails cruzados entre Joaquín Gortari -entonces director del gabinete del presidente, hombre de la máxima confianza de FG y promovido a jefe de auditoría interna del BBVA poco antes de la salida de González en diciembre de 2018- y Antonio Béjar, que era director de riesgos del banco y ahora es uno de los investigados en la pieza separada del caso Tándem. Ambos intercambiaron información referente a Rochester Ibérica y a determinadas anotaciones registrales de prohibición de disponer que podían afectar a la compra de la finca.

También se han encontrado mails en los que Francisco González era informado de la financiación de la finca de El Escorial, cuya enajenación fue descartada.

No fue la única finca investigada por Cenyt. La empresa de Villarejo hizo gestiones relacionadas con otras en las que Francisco González estaba interesado situadas en Madrid, Toledo, Baleares y Marbella. Finalmente FG se inclinó por la última, que se encuentra en Guadalmina.

Marbella

González pagó 6 millones de euros por una finca de 11.000 metros cuadrados en la que hay una vivienda principal de 1.400 m2 y otras dos para invitados y servicio, además de dos piscinas. El complejo está valorado hoy en más de 10 millones.

El banco ha entregado al juez instructor los correos que se intercambiaron en 2014 Julio Corrochano, entonces jefe de seguridad del BBVA, y Rafael Redondo, número dos de Villarejo, sobre las averiguaciones realizadas en torno a esa finca. El terreno fue ampliado en 2017 con la compra de otros 2.000 metros y se encuentra próximo a la playa y a un exclusivo campo de golf, una de las pasiones de FG.