La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y sus consejeros de máxima confianza cambiaron presuntamente las leyes regionales poco después de llegar al poder en el año 2003 para financiar ilegalmente al Partido Popular.

Así se desprende del extenso auto dictado por el juez Manuel García-Castellón este lunes en el que acordó investigar a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González en el caso Púnica. 

Según los indicios recabados por la Fiscalía Anticorrupción y el instructor, Aguirre y su camarilla habrían diseñado una "estrategia para obtener fuentes de financiación para el partido" que incluyó  la modificación de las normas de contrataciones en materia de Publicidad y Comunicación por medio de un Decreto Ley y la creación de una ley y otra norma para que el vicepresidente Ignacio González aglutinara el poder para determinar a qué empresas se asignaba los contratos, decisión que correspondía a cada consejería previamente. Un "ardid para poner la partida de publicidad de cada consejería al servicio del partido", resume el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. 

Reunión en Sol

El juez se remonta a octubre de 2003 -durante la campaña electoral provocada por Esperanza Aguirre tras el conocido 'Tamayazo' y que el PP ganó con mayoría absoluta- para establecer el punto de partida de dicho plan. Según el instructor, con la connivencia del empresario Horacio Mercado, Aguirre y su equipo más cercano orquestaron un plan que "implicó el desvío de dinero público a los consejeros del Partido Popular de la Comunidad de Madrid que se avinieron a ello". 

Dicho plan se presentó a algunos miembros del Gobierno de Aguirre a inicios de 2004, poco después de ganar las elecciones, en una reunión en la Real Casa de Correos. Allí se encontraban Esperanza Aguirre, los consejeros Ignacio González, Francisco Granados y Manuel Lamela, el diputado regional Alberto López Viejo y la directora general de medios de la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego, también investigada. 

En dicha reunión, según la resolución del juez, "se habrían dado las instrucciones a los consejeros de la CAM para que se contara con Daniel Horacio Mercado, y especialmente con su sociedad Over Marketing, para las contrataciones en materia de publicidad y comunicación bajo la decisión final del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González". 

Así conseguían "bajo la supervisión de Aguirre" que este empresario fuera el canal para desviar fondos públicos de las concesiones de cada consejería al PP y maquillarlo en sus facturas, así como que él mismo facturara gastos de sus presuntos trabajos a empresarios que financiaron al partido de manera irregular a cambio de adjudicaciones, las dos vías de financiación ilegal a las que habría recurrido el PP madrileño bajo la dirección de Aguirre. Un procedimiento parecido al que el Partido Popular utilizó también para engordar su 'caja B' a través de las empresas de Francisco Correa en la denominada trama Gürtel. 

La ley de los madrileños

Para asegurarse de que su plan salía adelante, el Gobierno madrileño dio a la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno que encabezaba Ignacio González el poder máximo en la Dirección General de Medios por decreto, el Decreto 148/2004 del 21 de diciembre, confirmando así que controlaba las partidas de publicidad de las adjudicaciones de cualquier Consejería. 

Así, solo un mes y medio después de tomar posesión tras la celebración de unas segundas elecciones en un año, Aguirre y su equipo habrían cambiado las leyes de todos los madrileños para beneficio de su partido político y para facilitar la financiación ilegal de éste. Una operación más de la fontanería que el círculo más próximo de Aguirre puso en marcha con su conocimiento, según la investigación abierta hace ya cinco años, para la financiación ilegal del partido.

Dicha modificación de la ley que centralizaba las adjudicaciones de publicidad demandó otra reforma normativa adicional que, según los indicios recogidos en el auto del juez, Aguirre no dudó en aprobar después del anterior decreto mencionado. Se trató de la Ley 6/2005 de Presupuestos Generales de la CAM para 2006, de una Disposición Adicional Octava relativa a la Contratación de Publicidad, Promoción, Divulgación y Anuncios, que establecía en el punto 1 lo siguiente: "Las distintas unidades de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, así como las Empresas Públicas y resto de Entes Públicos, a excepción del Ente Público Radio Televisión Madrid, deberán solicitar autorización previa de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno para la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios de cualquier medio de difusión". 

Además, según la resolución de la Audiencia Nacional, "la ley también autorizaba a la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno a dictar las disposiciones necesarias en desarrollo del procedimiento previsto en ese artículo, lo que permitió al investigado Ignacio González, como vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, aprobar la Orden 48/2006, de 7 de febrero, sobre autorización y comunicación previa de la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios, que asignó la competencia para la tramitación y concesión de las autorizaciones previstas a la Secretaría General técnica de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno, contando así con la participación de su Secretario Gneral Técnico, Alejando Halffter Gallego".