El juicio previsto este lunes contra hasta 47 personas acusadas de colaborar con la banda terrorista ETA a través de organizaciones sociales o despachos de abogados finalmente no se ha celebrado.
Los acusados del denominado caso del frente de cárceles han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y han aceptado condenas que van de un año a los tres años y medio de prisión, sin que ninguno de ellos vaya a entrar en prisión.
Es el caso de los abogados Arantza Zulueta y Jon Enperantza, para los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitaba 14 años de prisión por participación activa en organización terrorista, finalmente han acordado 3 años y medio y 2 años y siete meses de prisión y no irán a la cárcel puesto que se les descontará el tiempo que estuvieron en prisión preventiva tras ser detenidos en 2014 en la denominada Operación Jaque.
Reconocen que trabajaron para ETA
Para aceptar las penas de cárcel acordadas, los acusados han reconocido el relato de hechos de la Fiscalía contra ellos, es decir, que trabajaron a las órdenes de ETA. Han admitido, por tanto, que tras el alto el fuego de ETA, el colectivo de presos pasó a ser uno de los principales elementos de movilización de la base de ETA y su entorno.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el denominado frente de cárceles de ETA estaba formado por Herrira (sucesora de Askatasuna); el colectivo de hasta 47 abogados que este lunes han llegado a una conformidad y que asistían jurídicamente a los presos de ETA pero también, según el Ministerio Público tenían control e influencia política; Exterat, que se ocupaba del entorno social y familiar de los presos, Jaiki Jaidi, que se ocupaba de la asistencia médica y el colectivo de presos EPPK.
Representantes de todas estas ramas estaban en la lista de acusados que este lunes se sentaron en el banquillo y admitieron haber colaborado con ETA. También la concejal del ayuntamiento de Pamplona y abogada Amaia Izko.
Todos, según la Fiscalía, "forman un ente organizativo en el que bajo la dirección de la organización terrorista, se agrupan en varias organizaciones que trabajan sectorialmente a favor de los presos y huidos de ETA con el fin de complementar su actividad terrorista".
De ahí que el Ministerio Público pidiera para ellos penas de entre 8 y 14 años de cárcel. Solicitudes de penas que finalmente han quedado en condenas del año a los 3 años y medio de prisión sin que ninguno de los acusados ingrese en la cárcel.