Ofensiva de los Pujol contra la prórroga de la investigación que pide el fiscal al cabo de 7 años

A punto de concluir el último plazo ordinario para la investigación del caso Pujol, en el que se trata de averiguar el origen de la fortuna del expresidente de la Generalitat, su cónyuge y sus hijos, la Fiscalía Anticorrupción y los abogados de la defensa se encuentran enzarzados en la batalla por la continuación de la instrucción -como reclama la primera- o por su finalización después de siete años de diligencias, como plantean los segundos.

El controvertido artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido en 2015 por el último Gobierno del PP con la pretensión de agilizar las investigaciones penales y cuya supresión viene reclamando la Fiscalía por el peligro de que favorezca la impunidad, afecta de lleno al caso Pujol: se han agotado los tres plazos previstos en la norma (el inicial de seis meses y los dos de 18 meses correspondientes a una causa compleja) y ahora sólo es posible acudir a una ampliación "excepcional" mediante la fijación de un plazo máximo para terminar las pesquisas, ya sin posibilidad de una prórroga ulterior.

LLamativamente, la Fiscalía, que es la que insta la continuación de las diligencias, no ha indicado al juez José de la Mata cuál debe ser ese plazo máximo. Esta omisión es duramente criticada por los defensores. Carlos Domínguez, abogado de Mercé Gironés, exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, afirma que "a la inconsistencia de los argumentos [de Anticorrupción] se añade la imprecisión de la solicitud misma, ignorando que corresponde al instructor, investido de imparcialidad, valorar la legalidad de lo pedido por las partes o el Ministerio Fiscal, no suplantar la posición de éstos, subsanando los déficits de la petición y fijando de oficio la esencia de la medida -es decir, el nuevo plazo de duración de la instrucción- cuando el solicitante ha omitido, de modo deliberado, todo pronunciamiento al respecto".

La Fiscalía considera que ha de fijarse un plazo final de investigación porque aún no han sido contestadas dos comisiones rogatorias enviadas a Andorra y Luxemburgo "y de cuyo resultado podría derivar la necesidad de practicar nuevas diligencias".

El defensor de Gironés afea a Anticorrupción que pretenda prorrogar las diligencias sobre la base de "hipótesis" y "futuribles". Destaca que la ley exige "razones" que justifiquen seguir sometiendo a los investigados a escrutinio, "razones que, por pura lógica, han de ser objetivas y reales, de presencia actual en la causa, no posibles o de inseguro acaecimiento", afirma.

"Abrir la puerta a este tipo de motivaciones serviría para teñir de voluntarismo y subjetivismo una decisión que, necesariamente, ha de estar basada en parámetros objetivos, aptos para su fiscalización ulterior por el cauce de los recursos", añade el letrado.

"Nada nuevo"

El defensor de la familia Pujol-Ferrusola, Cristóbal Martell, argumenta que "ninguna de las diligencias pendientes de cumplimentar puede aportar nada nuevo en términos de relevancia penal" a los hechos ya investigados.

Señala que la comisión rogatoria a Andorra, que fue cursada el pasado 7 de agosto, se refiere a la solicitud de las cuentas de las que sea titular Francesc Robert, exdirector de la radiotelevisión andonarra y del que se sospecha que ha actuado como testaferro de Jordi Pujol Ferrusola. "Sin embargo", indica Martell, "el propio auto fija una imagen completa y cerrada de los movimientos bancarios entre cuentas del mismo país a la que la comisión rogatoria nada nuevo puede aportar".

Por su parte, la comisión a Luxemburgo, también acordada el 12 de agosto, se refiere a la participación del primogénito del clan en el fondo Selecta Fund Ltd con 4,2 millones de euros en 2004. "Por sus fechas, el impacto fiscal es cero, por prescripción", considera Martell.

El defensor también reprocha al fiscal que no concrete las diligencias que quedarían por practicar ni en qué medida pudieran contribuir al esclarecimiento de los hechos. "La solicitud se efectúa en abstracto", cuando la ley, "en elemental protección de los derechos de las partes", requiere que la prórroga se sustente en "circunstancias reales, existentes en el momento de decidir, concretas y relacionadas con la actuación investigadora, no bastando con simples solicitudes de prórroga de tipo genérico".

Indica, asimismo, que la ampliación de la instrucción no podría basarse en la solicitud de diligencias que ha realizado la acción popular que ejerce Grand Tibidabo, "en su intento de enredar el apellido Pujol en una causa que desplegó una profunda y exhaustiva investigación". Esa petición se hizo el pasado 18 de julio y aún no ha sido resuelta por el instructor.