El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor del caso Pujol, ha acordado enviar a Países Bajos una nueva comisión rogatoria para averiguar el destino de 90 millones de euros que fueron parte del precio obtenido por una empresa de Oleguer Pujol en la venta de dos de las sedes de Prisa, adquiridas por el benjamín del clan en 2008.
De la Mata ha acogido una petición que le han hecho los peritos judiciales de la Agencia Tributaria, tras hacerles justificar la necesidad de una nueva comisión rogatoria en el marco de un procedimiento cuya fase de instrucción tiene que acabar en marzo de 2021.
El informe de la Agencia Tributaria explica que la entidad Longshore -que inicialmente pertenecía por mitades a las entidades holandesas RBS y a Drago, esta última vinculada a Oleguer Pujol- compró en julio de 2008 al Grupo Prisa, sociedad editora de El País, tres inmuebles (sus sedes en Madrid y Barcelona) por 300 millones de euros más 48 millones de IVA.
RBS y Drago aportaron cada una 51,2 millones y el resto se pagó mediante un préstamo de una agrupación bancaria.
En octubre de 2011, RBS vendió su participación del 50% en Longshore a Dotricia, también holandesa. El informe del inspector a De la Mata afirma que "pese a que para entonces las aportaciones de RBS en Lonshore se cuantificaban en 58,1 millones de euros, RBS vende a pérdida su participación por un precio 'formalizado' de 25,2 millones".
Dotricia es una joint venture "tras la que se esconden los compradores finales", que son: la holandesa Anline Servicies (detrás de la cual estarían Oleguer Pujol y su socio Luis Iglesias) y la luxemburguesa Ess-Lux Sarl, tras la que se encuentra, tras otras varias intermedias, el fondo de pensiones canadiense PSP.
Se pierde la pista
El 23 de enero de 2015 Longshore vendió dos de los inmuebles comprados a Prisa por 370 millones de euros. Descontada la devolución de los préstamos y otros gastos, Longshore recibió transferencia 222,7 millones.
Tres días después se transfieren 90 millones a la cuenta en Holanda de Dotricia, y desde entonces se pierde su pista.
"Se carece de datos sobre el destino y reparto de estos 90.016.092 € que salieron del territorio nacional con destino a Dotricia", señala el inspector, que añade que, dado que detrás de esa entidad se encuentran, a través de Anline Services, Oleguer Pujol y Luis Iglesias, ambos sometidos a tributación en España, se hace imprescindible conocer el destino de esos fondos a efectos de poder determinar las cuotas tributarias que les pudieran corresponden por el IRPF de 2015.
El informe añade que también es preciso investigar , periodo 2015. En su caso, también el fondo de pensiones canadiense PSP podría estar sujeto a tributación en España.