La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre abandonó satisfecha este viernes la Audiencia Nacional. A lo largo de casi cuatro horas de declaración ante el juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, Aguirre no sólo rebatió con contundencia los aspectos nucleares de la imputación de las fiscales anticorrupción Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez sino que adoptó en ocasiones una actitud de ataque que le hizo parecer cualquier cosa menos una investigada.

De entrada, Aguirre no ocupó el asiento central, frente al juez, que corresponde habitualmente a los investigados y testigos. Se sentó en estrados junto a su defensor, Carlos Aguilar, que pidió autorización al instructor para que fuera así, no ya porque la expresidenta sea abogada sino, sobre todo, para que pudiera consultar los documentos necesarios para su declaración.

Esperanza Aguirre declara en la Audiencia Nacional

No fue un privilegio: la semana pasada también se situó en estrados Joaquín de Fuentes, representante legal de la multinacional tecnológica Indra, imputada en el caso Púnica. Se extiende el ejemplo del juicio del 'procés', en el que el Tribunal Supremo ha dejado clara la prevalencia del derecho de defensa sobre la tradicional escenografía de las salas de justicia.

Aguirre repitió una y otra vez que sus funciones como presidenta del PP de Madrid fueron estrictamente políticas, no de gestión ni de administración ni financieras. Las fiscales no lograron sacarla de ahí pese a su insistencia y ella esgrimió los estatutos del partido cuando el juez le indicó que si su cargo de presidenta era "figurativo" en el ámbito económico.

García-Castellón no tardó en sacar a relucir el nombre de Beltrán Gutiérrez, el exgerente del PP madrileño también implicado en este procedimiento y en cuyo domicilio fueron encontrados documentos que, según los investigadores, reflejan aportaciones en B para la financiación de las campañas electorales.

Aguirre contestó que al gerente lo nombra el partido nacional y que cuando ella llegó Gutiérrez ya se ocupaba de las finanzas del PP regional. "Creo que nunca despaché con él", manifestó la expresidenta, que añadió que no sabe a quién rendía cuentas el exgerente ni quién le daba instrucciones, "pero yo no".

"No me consta", respondió cuando se le preguntó si Beltrán Gutierrez pagaba en efectivo gastos electorales. "Nunca vi dinero en efectivo en el PP", añadió Aguirre, que aseguró que ella no conoció ninguna contabilidad paralela "y a día de hoy sigo creyendo que no la había".

Las campañas

Aguirre contradijo las imputaciones de su antiguo consejero Francisco Granados, que declaró ante el juez el pasado febrero que en las elecciones de 2011 hubo una campaña "específica" para reforzar a Esperanza Aguirre como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid "paralela y ajena al PP desde el punto de vista contable”.

No había "campañas personales" para ella, ha manifestado Aguirre. Ella intervenía en la creatividad de las campañas y daba instrucciones sobre su foto en los carteles, megafonía, iluminación..., "nada más".

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Aguirre y sus más directos colaboradores, como Ignacio González, idearon un plan para obtener fuentes de financiación para el PP de Madrid fuera de las vías legales sometidas al control del Tribunal de Cuentas. Una de ellas habría sido utilizar licitaciones de Consejerías del Gobierno regional para desviar dinero público hacia el partido. Así, se habría escogido a la empresa Over Marketing, propiedad de Horacio Mercado, para que, a cambio de contratos públicos de publicidad y comunicación institucional 'inflados' de precio, realizara trabajos electorales para el partido.

La acusación pública afirma que a principios de 2004 se celebró una reunión en la sede de la Presidencia del Gobierno de Madrid a la que asistieron Aguirre y varios miembros de su Gobierno (González, Granados, Alberto López Viejo, Manuel Lamela) en la que se habrían dado instrucciones a los consejeros para contratar con Over Marketing la publicidad de sus departamentos, todo ello bajo el control de González.

Aguirre explicó este viernes que ella no convocó ese encuentro, que no fue una reunión del Gobierno sino la presentación del logo de la CAM Madrid, la suma de todos. "Nosgustó mucho a todos" y estuve veinte minutos como mucho", dijo la expresidenta, que afirmó que "nunca he hecho una recomendación para que se adjudique nada a nadie" ni nadie en su presencia dio indicaciones para que se contratara a Mercado. Después de la presentación del logo, no tuvo relación con este empresario.

Las fiscales le preguntaron si conocía a María Luisa de Madariaga, propietaria de una empresa ya extinguida, El Laboratorio de Almagro, que fue proveedora de cartelería electoral. Aguirre dijo que en aquella época no la conocía pero Madariaga se le acercó hace un año en un acto y le hizo comentarios sobre el caso Púnica. "¿Y qué le dijo?", quiso saber García Cerdá. "Pues que ustedes, las fiscales, la han arruinado", contestó Aguirre, provocando un evidente malestar en las representantes del Ministerio Público.

La expolítica no contestó, por indicación de su abogado, a preguntas ajenas a los hechos objeto de imputación que el juez concretó en el auto en el que le dio la condición de investigada, el pasado 2 de septiembre. Aguilar ya había presentado el día anterior un escrito en el que manifestaba su "absoluta seguridad" de que el instructor evitaría que preguntaran a su clienta por hechos diferentes, como suele ocurrir en los interrogatorios de las fiscales.

Así, Aguirre no respondió a preguntas sobre el tamayazo (el transfuguismo de dos diputados regionales socialistas en 2003 que forzó una repetición electoral en la que la candidata del PP ganó con mayoría absoluta), la dimisión de Beltrán Gutierrez a consecuencia del proceso de las tarjetas black de Cajamadrid o la reforma de la sede del PP de Génova.

Presidencia "virtual" de Fundescam

La Fiscalía también cree que el PP de Madrid utilizó a su fundación Fundescam - "controlada por Esperanza Aguirre"- para desviar al partido una parte de las subvenciones que recibía. La expresidenta dijo que no se ocupaba de Fundescam y tampoco asistía a sus reuniones.

Aguirre, que reprochó a las fiscales que quieran hacer de Fundescam "un Watergate" (el escándalo que hizo caer a Nixon), llegó a calificar de "virtual" su presidencia en esa entidad.

También desmintió la tesis de las fiscales de que en la época de Aguirre se introdujo en los contratos de construcción de obras una claúsula que obligaba a la adjudicataria a abonar hasta un 1% del presupuesto total para la contratación de publicidad. Esas empresas eran las que, presuntamente, atendían las órdenes de pago de las facturas emitidas por Horacio Mercado, que les eran remitidas desde la Consejería implicada.

La expresidenta dijo que esa claúsula no fue introducida por ella sino que existía desde hacía veinte años y su legalidad nunca fue cuestionada.

También contradijo que se instaurara la previa autorización del vicepresidente Ignacio González para las campañas de publicidad de las Consejerías. Aseguró que eso se hacía desde el año 2000, antes de que ella llegara.

Aguirre negó que empresarios de la construcción le pidieran que sacara a Granados de la Consejería de Transportes. Según dijo, nombró a Granados consejero viendo los buenos resultados de su gestión en Valdemoro y tras consultarlo con Mariano Rajoy.

La expresidenta madrileña aseguró queno conoce a David Marjaliza ni a Alejandro de Pedro. Sí ha tratado con Javier Monzón, el expresidente de Indra, pero no de reuniones sino de actos institucionales, tal como también declaró el actual presidente no ejecutivo de Prisa.