El juez de la Audiencia Nacional Ismael Morero ha imputado como persona jurídica a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por presuntos delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales por el pago de 82 millones de dólares en comisiones para la adjudicación de la construcción de líneas del metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá, entre otras obras públicas.

Las diligencias se iniciaron en 2017 a raíz del estallido del caso Odebrecht. El pasado 17 de octubre, la Fiscalía Anticorrupción pidió al instructor que dirigiera el procedimiento contra las mercantiles FCC Construcción S.A,  FCC Construcción Centroamérica SA y Construcciones Hospitalarias SA.

La investigación se inició a raíz de una querella contra Rodrigo Tacia, asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht,  por un presunto delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal cometidos entre 2009 y 2015.

Odebrecht se habría servido de las sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los sobornos abonados por diversas constructoras,  a cambio de adjudicaciones.

En el caso de FCC, el juez se remite al escrito en el que la Fiscalía Anticorrupción que describe cómo las tres mercantiles de FCC investigadas constituyeron un consorcio con Odebrecht, liderado por la brasileña, para participar en el concurso de obras en Panamá. Este consorcio resultó adjudicatario único de la contratación de dos líneas del metro de Panamá.

Facturas 'infladas'

Según la Fiscalía, los indicios encontrados a lo largo de la investigación, corroborados por información aportada por las autoridades suizas, indican que los participantes en las dos contrataciones, todos ellos altos directivos de FCC y personal de Odebrecht, diseñaron un "esquema de corrupción repetido" que habría consistido en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el metro de Panamá y facturarlo al doble de su precio.

El plan ideado habría sido financiar la compra de acero destinado al metro de Panamá por parte de Global Quality Steel, a la que FCC prestó anticipadamente 9,3 millones de dólares. Según la Fiscalía, ello se hizo "conociendo FCC y sus directivos que los precios de compras se iban a inflar, a sobrefacturar en más del doble de su precio de adquisición". Además, se compraron ficticiamente más toneladas de acero de las que en realidad se suministrarían a las obras del suburbano.

El suministro de acero sobredimensionado en precio y cantidad habría sido facturado a cargo del presupuesto del contrato público. De esta forma, el dinero para las dádivas destinadas a políticos y funcionarios panameños se habría obtenido a cargo del propio contrato público.

El desvío del dinero de las coimas se hacía, presuntamente, a través de sociedades pantalla administradas por directivos de FCC y Odebrecht, llamadas Sces Steel y Global Quality Steel. Los administradores de estas sociedades (Javier Ayora, Eduardo Trijueque y Sasa Arsic) ya han declarado en el Juzgado como investigadas por delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que, paralelamente, FCC se concertó con el abogado hispano-panameño Mauricio Cort para pagar las comisiones por el metro de Panamá y obras. Cort sería el testaferro de las autoridades panameñas.

El pasado mes de enero se recibieron en el Juzgado Central de Instrucción número 2 las informaciones procedentes de una comisión rogatoria de Suiza sobre los hechos investigados. Incluía el  aviso realizado por un banco de Lugano, que advertía de los perfiles de riesgo de las operaciones realizadas por los grupos empresariales de los investigados.

Según advertía el banco, Cort, Ayora, Trijueque y Arsic gestionaban un grupo de cuentas, sociedades y clientes con indicios de autocontratación entre ellos y con un perfil instrumental, sin recursos ni trabajadores, y ejecutaban un millonario volumen de facturación cuyos fondos circulaban por sus cuentas.

Denuncias de FCC

En mayo y junio, la multinacional española FCC se anticipó presentando dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción sobre los acuerdos comerciales suscritos en relación con los hechos investigados. FCC aportó 38 facturas y transferencias libradas desde esta compañía  al entramado investigado, por un importe de 82.768.849 dólares, entre los años 2010 y 2014 por servicios no prestados -según la propia compañía que preside Esther Alcocer Koplowitz- y para dar cobertura a pagos por presunta corrupción.

Las denuncias no han librado a la empresa constructora de la imputación porque, según el juez, la compañía "no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa”.

Según la Fiscalía y el instructor, después de analizar toda la documentación aportada existen indicios de que las tres mercantiles de FCC han podido participar en hechos que pueden ser constitutivos de delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales.

Moreno indica que la denuncia de la constructora pone de manifiesto la participación de varios altos directivos ya cesados (entre ellos, Julio Casla y Eugenio del Barrio) en los acuerdos de presunta corrupción respecto a trece obras de infraestructuras que licitaban en Panamá, Costa Rica, Salvador y Nicaragua.

Los ex directivos investigados participaron en los contratos denunciados, que presuntamente encubrieron pagos de dádivas, con supuestos trabajos de consultoría comercial entre los años 2010 y 2014.

“Estas personas", afirma el instructor, "que actuaron bajo el paraguas de las referidas mercantiles eran altos ejecutivos de la cúpula directiva de FCC CO, con distintos niveles de dirección y responsabilidad en distintas filiales y en la matriz, actuaron  desviadamente durante cuatro años, periodo temporal en el que se comprometió el pago de más de 82 millones de dólares a través de transferencias de las propias cuentas de la mercantil FCC CO, contabilizadas y visadas con varias firmas y autorizaciones de su cúpula directiva”.

Todo ello, según el auto, revela indiciariamente “que no se definió una ética de empresa, ni existieron instrumentos de prevención dirigidos a instaurar una cultura de respeto a la legalidad vigente. Los indicios revelan una transgresión radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente  a la libre y recta competencia en la contratación internacional”.

Por todo ello el instructor concluye que las tres mercantiles de FCC deben ser incorporadas a la causa por su presunta responsabilidad penal porque “presumiblemente conocieron y participaron en la vertiginosa generación de sobrecostes en los contratos del suministro del acero para los proyectos del Metro de Panamá y Ciudad Hospitalaria de Clayton. Fondos que fueron destinados a los presuntos pagos de corrupción a través de una secuencia de sociedades instrumentales y circuito de cuentas bancarias para acabar abonando esas ganancias ilícitas en pagos de corrupción encubiertos como comisiones comerciales y a terceros responsables políticos y empleados públicos”.