La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado este martes a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por su responsabilidad en el mayor fraude en la concesión de ayudas sociolaborales públicas que se ha producido en España y que ha supuesto también la condena de otros exaltos cargos autonómicos.
La sentencia, que no es firme ya que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, considera probados los delitos de prevaricación continuada y malversación de fondos públicos que fueron objeto de acusación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, con penas muy similares. Griñán ha sido condenado a seis años de cárcel a inhabilitación absoluta por ambos delitos, mientras que a Chaves, que sólo era acusado de prevaricación, se le han impuesto nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.
También ha sido condenados los exconsejeros Gaspar Zarrías (9 años de inhabilitación), Antonio Fernández (prisión durante 7 años y 11 meses e inhabilitación por 19 años y medio), Francisco Vallejo y José Antonio Viera (para ambos prisión durante 7 años e inhabilitación por 18 años), Magdalena Álvarez (9 años de inhabilitación para cargo o empleo público) y Carmen Martínez Aguayo (6 años de prisión y y 15 años de inhabilitación).
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Los exviceconsejeros Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez y José Salgueiro también han sido condenados. Los dos primeros, a 7 y 6 años de prisión, respectivamente, además de inhabilitación por 18 y 15 años. El tercero, a 9 años de inhabilitación para cargo público por prevaricación.
Han sido igualmente condenados los exdirectores generales Antonio Vicente Lozano (9 años de inhabilitación), Francisco Javier Guerrero (7 años y 11 meses de prisión y 19 años y medio de inhabilitación) y Juan Márquez (7 años de prisión y 18 de inhabilitación).
Dos acusados absueltos de todos los cargos
De los 21 acusados, la Sala ha absuelto de todos los cargos a dos: el exinterventor de la Junta Manuel Gómez (para el que la Fiscalía pedía 6 años de prisión y 10 de inhabilitación) y Francisco del Río,ex jefe del gabinete jurídico del Gobierno andaluz, que se enfrentaba a 10 años de inhjabilitación por prevaricación.
Otros cuatro acusados han sido absueltos de malversación, pero condenados por prevaricación. Se trata de los exsecretarios generales técnicos de Empleo Javier Aguado, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez, así como el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, que se libran de la cárcel aunque no de la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Finalmente, el exdirector general de IDEA Miguel Ángel Serrano ha sido condenado a seis años y medio de prisión y 17 de inhabilitación.
680 millones de euros
Los magistrados afirman que entre 2000 y 2009 la Junta de Andalucía puso en práctica un sistema de ayudas a empresas en crisis dotado con un total de 680 millones de euros que se repartieron al margen de todo procedimiento legal y sin control alguno.
La sentencia se conoce tras nueve años de instrucción realizada por la jueza Mercedes Alaya en un proceso que ha tenido constantes implicaciones políticas, no sólo por quiénes son los encausados sino también por haber sido utilizado por el PP para tratar de contrarrestar el caso Gürtel. A diferencia de éste, sin embargo, aquí no hay enriquecimiento personal ni está comprometida la financiación ilegal del PSOE, aunque sí la legalidad de un sistema de ayudas rentabilizado electoralmente por los socialistas andaluces.
El juicio quedó visto para sentencia el pasado 17 de diciembre tras 152 sesiones que se prolongaron durante más de un año. Se escuchó a 120 testigos, entre los que no estuvo la expresidenta del Gobierno andaluz y sucesora de Griñán, Susana Díaz. Aunque el PP, que ha ejercido la acusación popular, pidió la comparecencia de Díaz, el tribunal lo rechazó "al no justificarse mínimamente la relevancia que pueda tener dicha testifical en relación con los hechos".
De los 50 investigados iniciales, el juez Álvaro Martín -nombrado como refuerzo para tramitar esta macrocausa- procesó a 26 de ellos y exculpó a 24. La Audiencia de Sevilla exoneró a otros cuatro excargos regionales y durante el juicio se retiraron las acusaciones contra Antonio Estepa, ex secretario general de Hacienda, por lo que fueron finalmente 21 los acusados.