"El examen de las actuaciones en este período de tiempo confirma el esfuerzo y diligencia del Juzgado de Instrucción". El folio 1.769 de la sentencia del caso ERE no puede ser más explícito en la defensa del trabajo profesional de la jueza Mercedes Alaya.
Sometida a "presiones políticas" que llegó a denunciar años después, rodeada de enemigos, sola y sin casi medios a su alcance -hasta que dos años después le fue designado un juez de apoyo para la instrucción, Álvaro Martín-, sometió a investigación toda una década de ejercicio del mayor poder autonómico que ha habido en España: el régimen socialista en Andalucía. Y, visto el fallo, la magistrada tenía razón.
La sentencia de la primera y principal pieza del caso ERE deja unos evidentes perdedores, que son los 19 condenados de las 21 personas que estaban sentadas en el banquillo cuando se cerraron las vistas orales el pasado mes de diciembre. Además, hay que ha querido apuntarse medallas de ganadores, como el PP, que ejercía la acusación popular y siempre ha tratado de compensar sus problemas con la trama Gürtel o los casos Lezo y Púnica entre otros con el enorme escándalo del PSOE andaluz, la malversación de un fondo de más de 680 millones de euros para empresas en crisis durante una década.
Pero si hay una ganadora es la jueza Alaya, quien desde 2011 hasta 2015 instruyó esta macrocausa en soledad desde el Juzgado número 6 de Sevilla, cercada además por vecinos incómodos: a 700 metros, en el mismo barrio, está el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta.
Cuando Alaya comenzó su investigación en 2011, el mayor perdedor de este martes, José Antonio Griñán -sentenciado a seis años de prisión por malversación y 15 de inhabilitación- era aún presidente del Gobierno autonómico. Otros grandes derrotados son su antecesor en el cargo, Manuel Chaves -nueve años de inhabilitación-, quien era vicepresidente del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. O la exconsejera de Economía Magdalena Álvarez -nueve años de inhabilitación-, que ya ocupaba la Vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones después de ser ministra de Fomento...
Al menos dos veces tuvo que salir el Consejo General del Poder Judicial a dar amparo a la jueza. La primera, recién estrenada la investigación, en noviembre de 2011. España estaba en campaña electoral, el Gobierno socialista de Zapatero languidecía sumando cientos de miles de parados cada mes. Las encuestas anticipaban una poderosa victoria del PP de Mariano Rajoy y el viejo PSOE andaluz se defendía de las diligencias de la magistrada atacando como podía.
Alfonso Guerra y el viejo PSOE
Una de las armas tradicionalmente más poderosas en campaña electoral era la fácil y suelta lengua del emblemático Alfonso Guerra, que en un desayuno con periodistas deslizó que Alaya mantenía una "relación fuerte personal" con el entonces alcalde de Sevilla, el popular Juan Ignacio Zoido.
La "descalificación" fue tan claramente "invasora de la esfera personal", según la Comisión Permanente del CGPJ, que ni siquiera hizo falta que la jueza pidiera el amparo, sino que la institución actuó de oficio.
Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno.
El órgano de gobierno de los jueces se reunió de urgencia y Alaya recibió el amparo con tres votos a favor: los del presidente, Carlos Dívar, el vocal Manuel Almenar, y quien fue magistrada del Supremo y hoy es ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles. La fiscal Almudena Lastra, también vocal, votó en contra alegando que las invectivas de Guerra se circunscribían a la campaña electoral.
El fiscal De Llera, fichaje de Griñán
Pasado un año del inicio de la instrucción de los ERE por Alaya, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, fichó para su Consejería de Justicia al fiscal decano de Sevilla, Emilio de Llera, conocido en la ciudad por lenguaraz y políticamente incorrecto en cualquier ámbito, incluso en el profesional. Pero lo que nadie se esperaba era que éste volviera a sacar el rumor de la "amistad" de la magistrada con Zoido... y con el entonces ya líder del PP autonómico, Juanma Moreno, hoy presidente andaluz.
Emilio de Llera, exconsejero de Justicia de la Junta de Andalucía.
Es más, De Llera llegó declarar públicamente que Alaya no le gustaba en su trabajo pero que era "una mujer que trabaja mucho y consigue seguir guapa". Los comentarios de un miembro del Gobierno investigado por la millonaria malversación de los fondos para parados andaluces fueron criticados por todas las asociaciones judiciales, de corte progresista o conservador.
Un año después, en el verano de 2013, las críticas salieron del ámbito personal y pasaron a centrarse en dudar sobre la capacidad profesional de la magistrada instructora.
Tanto el entonces consejero de Justicia como el vicepresidente Diego Valderas (IU) criticaron abiertamente a la jueza por su "dilación" en la instrucción, y sus decisiones de "amagar y no dar para no perder la instrucción del caso" imputando a aforados. Quizás a esa circunstancia se refería entonces Llera cuando, en las mismas declaraciones, dio por "imposible" la imputación del persidente Griñán.
El CGPJ tuvo que intervenir de nuevo, reprobando al fiscal en excedencia De Llera y exigiéndole "respeto a las actuaciones judiciales". Tampoco entonces Alaya había pedido formalmente el amparo, sino que éste se introdujo en el orden del día por petición de uno de los vocales del CGPJ.
La "pinza PP-PSOE"
Pero Alaya tampoco se ha sentido apoyada ni siquiera por los populares, interesados políticamente en el caso "pero sólo al principio, cuando veían réditos electorales". Lo reveló en una entrevista a ABC, una vez que dejó la instrucción del caso al pasar a la Audiencia Provincial de Sevilla. Según la jueza, "la aparición de nuevos partidos hizo que el bipartidismo empezara a protegerse mutuamente".
De hecho, a esa "pinza PP-PSOE" atribuyó que, tras su ascenso en 2015, no se le permitiera seguir en comisión de servicios dirigiendo la instrucción del caso ERE, el de los cursos de formación y los avales de IDEA. Alaya se había empeñado en llevar con mano de hierro las pesquisas, controlando cada paso y negándose a la división de la macrocausa en varias piezas separadas.
Su sustituta en el Juzgado 6, la jueza María Núñez Bolaños, se negó en redondo a no ejercer su jurisdicción sobre el asunto, desgajó la instrucción en tantos expedientes como EREs dudosos se investigaban... y Alaya se defendió devolviendo los ataques del pasado.
La magistarda María Nuñez Bolaños.
Puso en duda la imparcialidad de su sucesora entrando en la esfera personal al señalar que "Núñez Bolaños mantiene una estrecha amistad con el consejero de Justicia, don Emilio de Llera, notorio detractor del trabajo", el entonces todavía consejero de Justicia... del Gobierno de Susana Díaz. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la acusó de "falta de voluntad de colaborar" con la nueva titular tras conocer ese escrito.
Lo cierto es que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, presentó el pasado julio una denuncia contra Núñez Bolaños, ante el Consejo General del Poder Judicial, al que pide que investigue a la instructora por una posible falta -grave o muy grave- de desatención y retraso injustificado en la tramitación de los procesos.
Y más allá de todos los obstáculos, falta de medios, y ataques políticos las condenas de este martes han demostrado que la lucha jurisdiccional de Mercedes Alaya contra los desmanes del poder establecido por el PSOE andaluz estaba en lo cierto.