Los fiscales anticorrupción encargados del macroproceso de los ERE han pedido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que cite a declarar al expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos en relación con uno de los primeros expedientes investigados, referente a la concesión en 1999 de un préstamo-puente a la antigua empresa jienense Hijos de Andrés Molina (Hamsa), actualmente propiedad de Campocarne, filial de Campofrío.

Chaves fue condenado el pasado 19 de noviembre a 9 años de inhabilitación para cargo público en la pieza de los ERE relacionada con la responsabilidad de los políticos en el fraude de las ayudas sociolaborales. El expresidente andaluz fue declarado culpable de un delito de prevaricación pero no fue acusado de malversación, por lo que evitó penas de cárcel a diferencia de lo que le ha ocurrido a su sucesor, José Antonio Griñán.

La sombra de la privación de libertad se cierne sobre Chaves con esta nueva iniciativa de la Fiscalía, que tiene que salvar, no obstante, el problema de la prescripción dada la antigüedad de los hechos. Anticorrupción pretende que el plazo de prescripción sea de 15 años y que se empiece a computar no desde el momento en que se concedió el préstamo sino desde que debió ser amortizado, en 2005.

El escrito dirigido al Juzgado explica que Hamsa, una empresa dedicada a la alimentación y con gran peso económico en la provincia de Jaén, entró en suspensión de pagos en 1995 y fue comprada por la Junta de Andalucía, que posteriormente la vendió a Campocarne.

La empresa pública Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) decidió el 29 de octubre de 1999 anticipar, mediante la concesión de un préstamo de 970 millones de pesetas (5,8 millones de euros), las subvenciones de pública concurrencia a la inversión y a la creación de empleo solicitadas por Campocarne Andalucía tras haber comprado Hamsa y con el fin de financiar las inversiones que eran necesarias para reflotar la empresa.

El acuerdo del IFA fue ratificado por el Consejo de Gobierno andaluz el 9 de noviembre de 1999, bajo la presidencia de Chaves.

Según Anticorrupción, "bajo el paraguas formal de un préstamo, se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a la empresa Campocarne (...), lo que podría de manera inicial calificarse como delito de prevaricación en concurso medial con delito de malversación".

Según los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra , "el préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado" por la Junta. Solicitan que sea otorgada la condición de investigados en esta nueva pieza a los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, al exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y a otras 11 personas, además de Chaves.