Una colaboradora de Oriol Junqueras en la Vicepresidencia del Gobierno catalán, Natalia Garriga, ha tratado de evitar que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona envíe al Tribunal de Cuentas la documentación relativa a los gastos del 1-O que el órgano fiscalizador va a utilizar para exigir responsabilidad contable a los cargos de la Generalitat implicados en la organización del referéndum ilegal, entre otros ella misma.
Garriga, que fue detenida en la operación Anubis llevada a cabo por el Juzgado y la Guardia Civil en septiembre de 2017, está procesada por un presunto delito de malversación de fondos por su actuación como directora de Servicios de la Vicepresidencia de Economía catalana en relación con los preparativos del referéndum independentista.
Un seguimiento a Garriga realizado el 29 de agosto de 2017 llevó a la Guardia Civil a las naves de Bigues i Riells donde fueron encontradas 9,8 millones de papeletas preparadas para ser utilizadas el 1 de octubre. El Juzgado intervino conversaciones telefónicas que Natalia Garriga mantuvo con otros cargos de la Generalitat como Josep Maria Jové o Josué Sallent, a los que la investigación sitúa en el epicentro de la organización del referéndum, en las que hablaron de la puesta a punto de recursos que se utilizaron el 1-O, como la página web referèndum.cat. Asimismo, fue ella la que adjudicó los contratos para la realización de obras de acondicionamiento de un call center en el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI).
El pasado junio, la delegada instructora de las actuaciones abiertas por el Tribunal de Cuentas para determinar quiénes deben responder por el coste del 1-O se dirigió al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona con el fin de que le remitiera la documentación relativa a "los gastos efectuados para la preparación y celebración del referéndum".
Recurso
La jueza instructora, Alejandra Gil, accedió a la petición pero la defensa de Garriga presentó un recurso en el que alegó que "no se puede acordar la remisión al Tribunal de Cuentas de la documentación solicitada".
A su parecer, ello "vulneraría el carácter reservado de las actuaciones sumariales, al dar acceso a terceros de la información obtenida a lo largo de una fase de instrucción que no ha finalizado" y afectaría a la "intimidad" de la procesada.
Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía han apoyado la remisión de la documentación solicitada por el Tribunal de Cuentas.
La abogada del Estado ha argumentado que la jurisdicción contable "puede actuar paralelamente a la penal" y existe un deber de colaborar con el Tribunal de Cuentas, "lo cual no infringe el carácter reservado de las diligencias sumariales" pues el auxilio al Tribunal de Cuentas es una de las excepciones legales a esa reserva.
La fiscal, en el mismo sentido, ha señalado que la ley reguladora del funcionamiento del Tribunal de Cuentas prevé la solicitud de la información necesaria para declarar la responsabilidad contable, siendo "compatible respecto de unos mismos hechos con la jurisdicción penal".
La instructora ha rechazado el recurso de Garriga, confirmando la remisión de la documentación del 1-O al Tribunal de Cuentas. La exsubordinada de Junqueras se encuentra entre la treintena de cargos de la Generalitat que están citados por el Tribunal de Cuentas el próximo 28 de enero para la práctica de la liquidación provisional en relación con los gastos y pagos por el referéndum ilegal del 1-O.