Un año después de que concluyera la vista oral se ha dado a conocer la sentencia por el mayor caso de corrupción juzgado en el País Vasco. En él fueron procesadas 26 personas, en su mayoría vinculadas al PNV, bajo la acusación de aprovechar su influencia política para organizar una trama de enriquecimiento personal ilícito mediante el cobro de comisiones ilegales, adjudicaciones públicas irregulares y otras prácticas delictivas.
Este martes, once han quedado absueltas pero las mayores condenas afectan a significativos excargos del PNV, que se verán obligados también a afrontar multas por importe de millón y medio de euros -aunque lejos de los casi cinco que pedía la Fiscalia- a devolver el dinero obtenido fraudulentamente, a afrontar el pago de la responsabilidad civil por sus acciones y a abonar las costas del proceso.
El fallo de la Audiencia Provincial de Álava condena a prisión a los tres acusados que formaron parte de la dirección alavesa del partido de Andoni Ortuzar, entonces presidido por el actual lehendakari, Iñigo Urkullu, y confirma en lo esencial el relato incriminatorio de la Fiscalía y el juez instructor.
El tribunal ha impuesto una pena de trece años y tres meses de cárcel a Alfredo De Miguel, 'Txitxo', exnúmero dos de la formación alavesa y exdiputado foral, y sendas penas de seis años y seis meses y siete años y seis meses a Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, también exmiembros del Araba Buru Baztar (equivalente a la comisión ejecutiva de Álava). Tellería fue además concejal de Vitoria y procurador de las Juntas Generales de Álava, mientras Ochandiano ocupó la gerencia del Instituto foral de Bienestar Social, ente perteneciente a la diputación alavesa.
El cumplimiento de pena efectiva asciende al triple de la condena mayor por lo que De Miguel cumplirá como máximo 9 años y Koldo Ochandiano 6 años y 9 meses, según ha citado la ponente de la sentencia Elena Cabero al leer el fallo, que empieza con la aplicación del atenuante de dilaciones indebidas a todos los castigados por el tribunal.
Condenan por corrupción a 27 años de cárcel en total a tres exdirigentes del PNV en Álava
Además, sólo en concepto de multas De Miguel tendrá que abonar 349.290 euros, Koldo Ochandiano 182.006 y Aitor Tellería 180.220.
Las condenas son inferiores a las solicitadas por el Ministerio Fiscal, que en su escrito de conclusiones definitivas ya rebajó de forma considerable sus peticiones iniciales. La acusación pública demandó 29 años y 9 meses para el "cerebro" de la trama que da nombre al caso y 13 años y 7 meses para sus compañeros de partido, aunque el cumplimiento de pena efectiva se quedaba en doce y nueve respectivamente.
Se aprovecharon del poder del PNV
La sentencia avala los planteamientos del juez instructor y de la Fiscalía. De Miguel, Tellería y Ochandiano idearon en 2005 la creación de un red societaria instrumental para aprovecharse del poder "institucional o administrativo" que les proporcionaba su pertenencia al PNV. Su objetivo era obtener beneficios económicos para su "enriquecimiento personal" o el de terceros.
Constituyeron un entramado de empresas pantalla (Kataia, Errexal, Ortzi Muga) que se valió de la influencia política de sus propietarios para conseguir contratos o adjudicaciones públicas, cobrar comisiones a los adjudicatarios, simular servicios que no se llevaban a cabo y enmascarar el pago de las mordidas. En algunos casos las mercantiles fueron creadas ex profeso y carecían de actividad.
La asociación ilícita de los tres exdirigentes del PNV dio lugar a una serie de actuaciones delictivas identificadas en la sentencia como cohecho, malversación, blanqueo, falsedad documental, tráfico de influencias y prevaricación. Entre sus actividades destacan las relacionadas con la ampliación del parque tecnológico alavés de Zamudio, la consecución de contratos del Gobierno vasco en el área de Juventud, la exigencia del 4% a cambio de obras en dos pequeños municipios alaveses (Zigoitia y Lapuebla de Labarca) y el cobro de comisiones en una fallida operación urbanística en Zambrana, localidad alavesa del valle del Ebro.
Los tres exdirigentes del PNV actuaron con la ayuda de militantes y cargos del partido afines y obtuvieron en primer lugar la de sus esposas. Ellas crearon la primera empresa pantalla, Kataia, y las mujeres de De Miguel, Ainhoa Bilbao, y Ochandiano, Iratxe Gaztelu-Urrutia "colaboraron conscientemente" en su constitución y funcionamiento. Por ello han sido condenadas a un año y seis meses de cárcel, bastante menos de los cinco que pedía la Fiscalía, que extendía la misma solicitud a la mujer de Aitor Tellería. Sin embargo la Audiencia la absuelve porque considera que Araceli Bajo "no tenía conocimiento" de las actividades ilícitas de la trama.
Siete años para el exdirector de Juventud
Junto a Kataia, las mercantiles Errexal y Ortzi Muga se nutrieron de contratos obtenidos de la Dirección de Juventud del Gobierno vasco durante el mandato del lehendakari Juan José Ibarretxe. Según la sentencia fueron adjudicados a dedo por el titular de ese servicio, Xabier Sánchez Robles, amigo personal de De Miguel, que "fraccionó" las contrataciones para hacerlas pasar por "contratos menores". Muchos servicios ni siquiera se prestaron.
La Audiencia impone al exdirector de Juventud 7 años y un mes de cárcel, una de las condenas más elevadas. Sánchez Robles forma parte de una familia estrechamente vinculada al partido de Ortuzar. Su hermana Isabel, actual diputada foral de Vizcaya, ha sido miembro del Congreso en legislaturas anteriores, mientras que su mujer, Josune Gorospe, ocupa actualmente un escaño en la Cámara Baja.
El superior de Sánchez Robles, el exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, que autorizó las contrataciones con su firma, resulta absuelto incluso de la condena de inhabilitación para empleo o cargo público que no implica cárcel pero que era reclamada por la Fiscalía. El tribunal lo considera ajeno a la red de De Miguel.
Otro de los excargos públicos del PNV, el exconcejal de Leioa y administrador de Errexal Iñaki San Juan, que se enfrentaba a 7 años de prisión, consigue ver rebajada la pena hasta los 5 años, 3 meses y 15 días. A Josu Montes, responsable de Ortzi Muga y exconsejero del Teatro Arriaga de Bilbao a propuesta del PNV, el tribunal lo castiga con tres años, cuatro meses y 15 días, frente a los seis solicitados por la acusación pública.
El Gobierno vasco, que no pedía pena de cárcel, tasó el perjuicio económico producido por la malversación en cerca de 150.000 euros, cantidad sujeta ahora a devolución.
Valor a las grabaciones de denuncia
La sentencia llega diez años después de que el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, diera comienzo a este largo proceso judicial al recibir la denuncia de la empresaria Ainhoa Alberdi que a finales de 2009 le comunicó que estaba siendo extorsionada por Alfredo De Miguel, entonces diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo), y por Aitor Tellería, responsable de CEIA, una empresa pública. Aseguró que ambos políticos le reclamaban el pago de una comisión de 100.000 euros por la adjudicación a su empresa, Urbanorma Consulting, de la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano en Álava. La mordida, según dijo, había sido pactada por su exsocio, el constructor Jon Iñaki Etxaburu, militante del PNV, sin su conocimiento.
La Audiencia no admite el delito de coacciones observado por la Fiscalía pero da como probado que De Miguel y Tellería "influyeron" para que el contrato se adjudicara a Urbanorma, creada ad hoc, y concertaron con Etxaburu el pago de una "cantidad acorde" con la contratación. Además da valor a las grabaciones caseras presentadas por Alberdi, que la defensa del principal acusado pretendió invalidar, y a los correos electrónicos con los que soportó su denuncia que ratificó en el juicio.
Condenas por Miñano
Los implicados en ese apartado corren una suerte desigual en el fallo hecho público por la Audiencia. Alfonso Arriola, exgerente del parque tecnológico alavés y autor de la contratación, elude la pena de cárcel y es condenado únicamente a ocho años de inhabilitación. Lo mismo ocurre con Julián Sánchez Alegría, expresidente de los parques tecnológicos vascos, al que Alberdi dio cuenta de la extorsión sufrida y el tribunal veta catorce años para la ocupación de cargo público. Miren Lourdes Bilbao, exdirectora técnica del parque, es absuelta de los delitos imputados por la Fiscalía.
De las adjudicaciones en Miñano se benefició asimismo Stoa, gestionada por el arquitecto Sergio Fernández Oleaga, que se exponía a 7 años y 6 meses de reclusión y se encuentra con un castigo de año y medio que no implica cárcel. El exsocio de Ainhoa Alberdi, Jon Etxaburu, sufre una pena mayor aunque menor de la solicitada y es condenado a 2 años y 5 meses.
Otro constructor, Prudencio Hierro, es finalmente absuelto aunque admitió en el juicio haber pagado obras realizadas en la casa de la mujer de De Miguel en Gorliz (Vizcaya) para que el político se ahorrara más de 6.000 euros de IVA.
Atenuante de confesión
A través de una laboriosa instrucción dirigida por el juez Roberto Ramos y el fiscal Izaguirre el sumario iniciado por la denuncia de Alberdi adquirió nuevas ramificaciones, hasta el punto de que la vista oral celebrada a lo largo de todo 2018 fue conducida a través de doce apartados diferentes. Los dedicados a Zambrana guardan especial relevancia porque uno de sus principales protagonistas, el empresario Josu Arruti Letamendia, propietario de Sidepur, imprimió un relevante giro a las prolongadas sesiones al llegar a un acuerdo con la Fiscalía y confesar que De Miguel había exigido y cobrado comisiones ilegales.
De Miguel, a instancias de la alcaldesa Justina Angulo, del PNV, impulsó desde la Diputación la instalación de un polígono industrial, finalmente fallido. Como intermediario del Ayuntamiento para la captación de inversores el exdirigente del PNV alavés colocó a Arruti, militante peneuvista, que llegó a un acuerdo con un grupo de constructores catalanes aglutinados en torno a Construcciones Riera y representados por Francesc Fernández Joval.
El 5 de noviembre de 2018 Josu Arruti declaró ante la sala de vistas que Alfredo De Miguel pidió y cobró de Riera una comisión ilegal de 161.000 euros, una cantidad similar a la que él mismo demandó y recibió por el mismo concepto. Aseguró igualmente que el abono realizado al político fue canalizado a través de facturas falsas emitidas por Kataia Consulting por supuestos trabajos de asesoramiento realizados por Sidepur. Los empresarios catalanes sentados en el banquillo de los acusados confirmaron los hechos y se sumaron al acuerdo de conformidad alcanzado entre el fiscal y la familia Arruti. Justificaron el pago de la comisión por la influencia política de De Miguel para llevar a buen puerto el proyecto. La Audiencia asume este relato y detalla la trayectoria seguida por el dinero a través de distintas empresas pantalla.
La Fiscalía modificó sus conclusiones provisionales y rebajó la petición de pena de Arruti Letamendia de 19 años y 10 meses de cárcel a 1 y 9 meses y optó por la libre absolución para Fernández Joval, Ramón Tomás, Joaquim Savater y Placid Casas. Pasó de solicitar siete años de prisión para cada uno de los inversionistas catalanes a asumir las tesis de sus defensas sobre la prescripción de los delitos y la ausencia de acción delictiva. Hoy el Tribunal se hace eco de sus demandas y hace constar como atenuante en el caso de Arruti la confesión realizada.
En la misma situación de petición fiscal de absolución se encontraban la hermana de Josu Arruti, Estíbaliz, y el marido de esta, Gorka Errazti. Para el cuarto miembro de la familia, el padre, Josu Arruti Odriozola, que mostró una salud muy deteriorada durante el juicio, el ministerio público acabó pidiendo 9 meses de cárcel, confirmados este martes por la sentencia. Autor de fraude fiscal, Arruti Odriozola ha devuelto ya la cantidad de 129.920 euros defraudada, lo que ha sido considerado por la Sala como reparación del daño causado.
La alcaldesa de Zambrana no negoció con el fiscal pero vio cómo la petición de 4 años de reclusión se rebajaba significativamente a 10 de inhabilitación, que ahora se han visto reducidos a nueve.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Álava consta de 1.186 folios. Su ponente ha sido la magistrada Elena Cabero, que ha compuesto el Tribunal junto a sus compañeros los magistrados Jaime Tapia y Raúl Aztiria. En el fallo se establece que las costas judiciales correrán a cargo de los quince condenados.
El PNV pide perdón a la sociedad
La detención de De Miguel, Tellería y Ochandiano en marzo de 2010 originó una fuerte convulsión política. El primero se vio obligado a abandonar sus cargos en la Diputación y la Caja Vital y los tres fueron conminados por el PNV a cesar en su militancia. Después de diez meses de tensiones internas entregaron el carné en enero de 2011 y Sabin Etxea modificó los estatutos del partido para evitar futuras resistencias en casos similares.
No obstante, el partido de Ortuzar, que presume de "honradez de serie", mantuvo la presunción de inocencia de los imputados y cuestionó y criticó la investigación judicial y fiscal en varias ocasiones. Dirigentes como Joseba Egibar llegaron a arropar públicamente a los ahora condenados, situados como su portavoz parlamentario en el ala más soberanista de la formación peneuvista. Las revelaciones del juicio fueron asumidas con el más absoluto de los silencios.
Esta mañana tras conocer el fallo judicial el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha pedido "perdón" a la sociedad vasca por la actuación "tan censurable" de los ex militantes condenados, pero ha recalcado que actuaron por su cuenta y que la sentencia no afecta al partido, según informa Efe.
La misma valoración ha realizado el lehendakari, Iñigo Urkullu, que junto a la petición de "disculpas" ha insistido en que la sentencia condena "actitudes particulares" no vinculadas al PNV.