El rescate de Pedro Sánchez a Dolores Delgado tras cesar su actividad como ministra de Justicia y proponerla como Fiscal General le está costando un aluvión de críticas al presidente del Gobierno. No sólo de rivales políticos sino de la propia Asociación de Ficales, que ha afirmado que le causa "estupor", en palabras de su presidenta, Cristina Dexeus.
El nombramiento de Delgado ha vuelto a poner sobre los focos a una las frases más célebres de Sánchez durante la campaña. "¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?", dijo el líder socialista en una entrevista a principios de noviembre en Radio Nacional, presumiendo del poder del Gobierno sobre ella para cumplir una de sus promesas electorales: traer a España a Carles Puigdemont para ser juzgado por sedición y malversación de fondos.
A esa relación del Ejecutivo con la fiscalía se ha referido Dexeus asegurando que el movimiento de Sánchez es "una manera muy clara de indicar" que el Gobierno quiere tener "sometida" a la Fiscalía.
Dolores Delgado deja Justicia para ser Fiscal General del Estado
En declaraciones a Onda Cero, Dexeus ha reconocido que la noticia del nobmramiento no le "parece adecuado". Ha explicado que la Asociación de Fiscales está "en contra" de que quien haya ejercido un puesto político "de relevancia retorne sin más a la carrera" fiscal. Dexeus ha advertido de que existen "ciertos mecanismos" para que el fiscal que reciba una orden "que considere ilegal pueda oponerse a ella".
"Es una provocación"
La propuesta de Sánchez ha sido atacada por Pablo Casado que considera que "ataca directamente" la separación de poderes y al propio Estado de Derecho. En un acto organizado por Fórum Europa, el líder del PP ha asegurado que Delgado será "ministra 23" del Gobierno que preside Sánchez.
Casado considera que es "uno de los nombramientos más equivocados" de los "muchos" que su partido ha "escuchado estos días". "¿Qué dirían de nosotros si hubiéramos propuesto a Alberto Ruiz Gallardón como Fiscal General del Estado?", ha preguntado retóricamente el líder de la oposición. Cree que es una manera de "perder las formas" y el "pudor".
En la misma línea se ha mostrado Vox, que en palabras de su portavoz en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que Sánchez la usa "un mando a distancia para controlar la Justicia". En Los desayunos de TVE ha manifestado que es "un ejercicio más de control de la judicatura".
"Es un caso más de como los políticos se ponen al frente del control de la Justicia. Ya hemos visto como este gobierno cambió al Fiscal General en la anterior legislatura precisamente para tomar control en el caso del juicio del 'procès", ha añadido.
El ex primer ministro francés y aspirante a alcalde Barcelona en 2018 también se ha mostrado crítico a través de Twitter con el nombramiento, asegurando que "es una verdadera provocación" y una "pésima noticia para la independencia de la justicia y la imagen de la política". "Estoy seguro que Dolores Delgado tiene muchos méritos pero es Diputada y era ministra hace 48h. No se puede actuar de esta manera en un régimen de separación de poderes", ha afirmado.
Un solo precedente
El movimiento de Delgado es una decisión con un único precedente. El caso lo protagonizó otro ministro socialista: Javier Moscoso, Ministro de la Presidencia en el primer Gobierno de Felipe González desde 1982 a 1986, fue Fiscal General del Estado entre 1986 y 1990.
Moscoso fue además director general de Justicia y vocal del Consejo General del Poder Judicial.
El movimiento permitirá a esta Delgado saltar directamente del Ejecutivo a la cúpula del Ministerio Público, donde podrá controlar, entre otros asuntos, la fase de ejecución de la sentencia del 'procés' independentista en Cataluña al dirigir la labor de los fiscales del caso, en fase de ejecución tras dictarse la sentencia por sedición.
Delgado sustituirá en el cargo a María José Segarra, si bien su llegada a la Fiscalía General no es automática y deberá ser precedida de ciertos trámites que detalla tanto la Constitución como el Estatuto del Ministerio Fiscal.
Caso Villarejo
Tocada por el 'caso Villarejo', Delgado se definió en su toma de posesión como ministra en julio de 2018 como una "fiscal de trinchera" y prometió ser una "ministra de trinchera", si bien su paso por el Ministerio no ha logrado el apoyo mayoritario de los miembros de la carrera judicial y fiscal.
Las asociaciones judiciales, incluso la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de la que la aún hoy ministra formó parte, han participado en movilizaciones contrarias a algunas de sus decisiones y en varias ocasiones han criticado duramente su gestión.
Sus inicios en el Ministerio de Justicia se vieron perjudicados tras la difusión -dos meses después de tomar posesión- de unas grabaciones de una conversación que tuvo lugar en 2009 en el restaurante Rianxo de Madrid, entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo (en prisión provisional desde hace dos años) y Delgado, que acudió al encuentro acompañando al exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para celebrar la medalla al mérito que habían concedido al expolicía.
Delgado aseguró que los audios publicados estaban manipulados, pues eran "trocitos solapados, puestos y pegados" y negó haber mantenido alguna "cita en ningún aspecto profesional" con el excomisario. Desde su actual posición deberá dirigir la acción de la Fiscalía Anticorrupción en este asunto, una causa compleja con una veintena de piezas separadas y especialmente delicada por su incidencia en sectores del mundo policial, mediático y empresarial españoles.
Otra de sus decisiones en Justicia más criticadas fue la tardanza de la hasta ahora responsable de Justicia en amparar al magistrado del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del 'procés' en la demanda civil que presentó el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont contra él ante la justicia belga para que el Congreso y el Senado la reprobaran.