La hora de la verdad para Trapero: se sienta en el banquillo bajo la losa de la sentencia del 'procés'

El mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero, al mando de la Policía catalana cuando se celebró el referéndum ilegal del 1-O y el Parlament aprobó la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre de 2017, se sienta a partir de este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional para responder del cargo de rebelión por el que la Fiscalía le pide 11 años de cárcel.

La acusación tendrá que ser modificada, aunque no por el efecto expansivo de la 'desjudicialización' del 'procés' anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez sino porque la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra los líderes del proceso soberanista catalán descartó la rebelión y condenó por sedición por hechos que, entre otros, incluyen los que se imputan a Trapero: la actuación de los Mossos durante el asedio a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 y durante la jornada de la votación independentista.

Presentada el 2 de noviembre de 2018, once meses antes de que el Supremo emitiera su sentencia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional fue a una acusación de máximos, que ya no podrá ser modificada hasta que eleve a definitiva su acusación una vez practicadas todas las pruebas del juicio. Pero cuando el propio Ministerio Público dio origen a este proceso con una temprana denuncia presentada el 22 de septiembre de 2017 -en relación con los hechos ocurridos durante el registro a la Consejería que entonces dirigía Oriol Junqueras- la imputación que consignó fue sedición. Y por sedición y organización criminal -no por rebelión- fue procesado el mando policial el 4 de abril de 2018 por la jueza Carmen Lamela, ya incluyendo los hechos relativos al 1-O.

Que la acusación sea finalmente rebajada no debe ser un gran consuelo para Trapero, que tiene en segunda línea de fuego el cargo de sedición por el que su exjefe político, el exconsejero de Interior Joaquim Forn, cumple 10 años y medio de prisión. El mayor declaró como testigo en el juicio del Supremo, en una comparecencia que no ayudó a los miembros del Govern.

Ahora, Josep Lluis Trapero tiene en su contra precisamente el relato de hechos que contiene la sentencia dictada por el Supremo contra Forn y los demás acusados de dirigir el 'procés'.

La Sala Penal ya ha establecido como probado que Forn "aceptó los criterios expuestos por el jefe de los Mossos" -es decir, Trapero- de cara a la actuación de la Policía autonómica el 1-O, "fijando como objetivo prioritario de la intervención policial preservar la 'convivencia', en referencia a una expresión presente en la resolución" del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordenó a los tres cuerpos policiales (Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil) impedir la votación prohibida por el Tribunal Constitucional "sin afectar la normal convivencia ciudadana".

Pero el Supremo ha indicado que esa prioridad de preservar la convivencia fue "interesadamente" interpretada y se utilizó por Forn para "disimular -siquiera de modo inverosímil- su verdadero propósito de que la actuación de los Mossos no constituyera un riesgo para el objetivo delictivo" de celebrar a toda costa el referéndum.

El "disimulo"

"Solo un sesgo malintencionado para disimulo de la verdadera voluntad obstruccionista puede conferir a aquel canon [de no afectar a la convivencia] un alcance que desde el inicio lleve a hacer inoperativa la finalidad impuesta por la orden judicial, a cuya efectividad venían legalmente obligados los agentes de la policía autonómica", declaró el Supremo.

Será ahora la Audiencia Nacional la que tendrá que determinar en primera instancia si el "disimulo" fue también de Trapero, aparentando cumplir las resoluciones judiciales cuando en realidad el operativo habría sido diseñado para permitir la votación, como sostiene la Fiscalía.

La sentencia del Supremo puede servirle de apoyo, ya que la Sala Penal declaró también probado que "las autoridades de la Administración central del Estado -secretario de Estado de Seguridad, delegado de Gobierno en Cataluña y coordinador [del operativo del 1-O] Diego Pérez de los Cobos- creyeron en la previsión de 'normalidad' afirmada por Forn y que éste cumpliría lo mandado por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el tiempo que transcurriría hasta el
comienzo de la jornada prevista para el 1 de octubre. Ello contribuyó a la
inhibición de la actuación de las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en todo lo relativo a la ocupación de centros de votación".

Lo cierto es que los Mossos al mando de Trapero sólo cerraron el 5,7% de los centros de votación (134 de un total de 2.315). Y ello dando por buenas las cifras del propio mayor, que la Fiscalía discute. El escrito de acusación sostiene que la Policía catalana cerró solo 24 locales, porque "la mayoría de los centros que formalmente fueron cerrados por los mossos no habían llegado a abrir o la votación ya había concluido cuando los agentes intervinieron".

El coronel Pérez de los Cobos, que ya compareció ante el Supremo para afirmar que "el dispositivo de los Mossos el 1-O fue una estafa", volverá a testificar ante la Audiencia Nacional. Lo harán igualmente los mandos de los Mossos d'Esquadra que fueron colaboradores directos del mayor (Ferran López, Joan Carles Molinero, Manuel Castellví, Emili Quevedo), a quienes ya se escuchó en el juicio del 'procés' pero que ahora tienen la presión de salvar al soldado Trapero de la cárcel.

Artur Mas y Jordi Jané, también testigos en el Supremo, lo serán de nuevo aquí. Josep Maria Jové, uno de los negociadores de ERC con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, declinó declarar ante el Supremo al estar imputado en el TSJC, pero está llamado de nuevo como testigo en el juicio de la Audiencia Nacional.

Jordi Sánchez, Joaquim Forn y Oriol Junqueras volverán a estar ante un tribunal en Madrid, esta vez como testigos y sin los asientos aterciopelados del Supremo, ya que el juicio a Trapero se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional del polígono de San Fernando de Henares.

El tribunal, integrado por dos jueces considerados conservadores (Concepción Espejel, presidenta, y Francisco Vieira) y uno progresista (Ramón Sáez, al que corresponde la ponencia), determinará también la responsabilidad que la intendente Teresa Laplana tuvo en el cerco a la comisión judicial que intervino en la Consejería de Economía. Para ella el fiscal pide cuatro años de prisión.

El ex secretario general de Interior de la Generalitat, César Puig, y Pere Soler, director general de los Mossos, también estarán en el banquillo. Como a Trapero, el fiscal les pide 11 años por rebelión.