El Tribunal Constitucional tiene previsto debatir este martes las propuestas de los magistrados del Tribunal Constitucional Andrés Ollero, Ricardo Enríquez y Antonio Narváez para que el TC acceda a la petición que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez de deducir testimonio por la actuación del presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, con el fin de que la Fiscalía General valore la posibilidad de abrir diligencias contra él por un presunto delito de desobediencia.

Es la primera vez que, después de varias notificaciones personales, el Constitucional debate si insta al fiscal a actuar contra Torrent. Es un camino ya explorado por el TC, que por dos veces se vio obligado a denunciar la desobediencia de la anterior presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, actualmente en prisión.

El asunto de Torrent tiene su origen el pasado 31 de octubre, cuando el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, solicitó al Tribunal Constitucional que acordase "deducir oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder por el incumplimiento de las resoluciones" dictadas por el TC en las que ha declarado la inconstitucionalidad del derecho de autodeterminación y de la reprobación del jefe del Estado por el Parlament.

La petición del Ejecutivo se realizó cuando faltaban diez días para la celebración de las últimas elecciones generales y el mensaje de Sánchez no tenía nada que ver con la "desjudicialización del conflicto catalán" hacia la que mutó su discurso cuando se vio en la tesitura de tener que negociar con ERC el apoyo a la investidura.

"Frontal desacato"

El 31 de octubre, a pocas horas del comienzo de la campaña electoral, el Gobierno socialista anunció que llevaría al TC el acuerdo que la Mesa del Parlament -presidida por Torrent- tomó el 22 de octubre admitiendo a trámite la Propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre.

Esa propuesta incluía dos incisos que al Gobierno le parecieron "un acto frontal de desacato" al TC. De un lado, se recogía "la voluntad de reiterar tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas (…) la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político". De otro, se expresaba la "voluntad de reiterar tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas (...) la reprobación de la Monarquía".

El Gobierno indicaba en sus escritos al TC que la Mesa del Parlament "tenía la obligación de inadmitir a trámite" esa propuesta de resolución, y ello porque el primer inciso contravenía dos sentencias (la 259/2015 y la 136/23018) en las que el Constitucional ha dejado claro que el pueblo catalán no es titular de soberanía, que reside en el pueblo español. El segundo inciso, por su parte, insistía en la reprobación de la Monarquía, algo que el TC acababa de declarar contrario a la Constitución en una sentencia, la 98/2019, aprobada por unanimidad el 17 de julio anterior.

Los incidentes de ejecución presentados por el Gobierno de Sánchez destacaban dos datos particularmente adversos para Torrent: que los letrados del Parlament le advirtieron del deber de inadmitir la propuesta de resolución y que la Mesa se negó a aceptar hasta tres solicitudes de reconsideración formuladas por PSC, Ciudadanos y PP.

Requerimiento expreso

Pero, sobre todo, dos providencias del TC dictadas el 10 y el 16 de octubre, sólo unos días antes de admitir a trámite la propuesta de resolución, dirigían de forma nominal a Torrent y al resto de los integrantes de la Mesa un requerimiento expreso de "abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento" a las resoluciones anuladas por el Constitucuional, "así como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir" las sentencias 259/2015, 136/2018 y 98/2019.

Los ponentes de esas tres sentencias -Ollero, Enríquez y Narváez- plantean ahora estimar los incidentes de ejecución promovidos por el Gobierno y, con el apoyo del fiscal, deducir testimonio para que el Ministerio Público decida sobre el inicio de proceso por desobediencia Torrent, Josep Costa y Eusebi Campdepadrós, los dos representantes de Junts per Catalunya en la Mesa que votaron a favor de admitir la Propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo.

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