El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este martes, por unanimidad, trasladar al fiscal la actuación del presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, para que valore la posibilidad de abrir diligencias contra él por un presunto delito de desobediencia.

Después de varias notificaciones personales del TC que Torrent ha ignorado, el tribunal ha decidido dirigirse al fiscal atendiendo una petición formulada por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 31 de octubre, poco antes de las elecciones del 10-N.

El Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, solicitó al Tribunal Constitucional que acordase "deducir oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder por el incumplimiento de las resoluciones" dictadas por el TC en las que ha declarado la inconstitucionalidad del derecho de autodeterminación y de la reprobación del jefe del Estado por el Parlament.

La petición estaba relacionada con el acuerdo que la Mesa del Parlament -presidida por Torrent- tomó el 22 de octubre admitiendo a trámite la Propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre.

Esa propuesta incluía dos incisos que al Gobierno le parecieron "un acto frontal de desacato" al TC. De un lado, se recogía "la voluntad de reiterar tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas (…) la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político". De otro, se expresaba la "voluntad de reiterar tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas (...) la reprobación de la Monarquía".

El Gobierno indicaba en sus escritos al TC que la Mesa del Parlament "tenía la obligación de inadmitir a trámite" esa propuesta de resolución, y ello porque el primer inciso contravenía dos sentencias (la 259/2015 y la 136/23018) en las que el Constitucional ha dejado claro que el pueblo catalán no es titular de soberanía, que reside en el pueblo español. El segundo inciso, por su parte, insistía en la reprobación de la Monarquía, algo que el TC acababa de declarar contrario a la Constitución en una sentencia, la 98/2019, aprobada por unanimidad el 17 de julio anterior.

Los incidentes de ejecución presentados por el Gobierno de Sánchez destacaban dos datos particularmente adversos para Torrent: que los letrados del Parlament le advirtieron del deber de inadmitir la propuesta de resolución y que la Mesa se negó a aceptar hasta tres solicitudes de reconsideración formuladas por PSC, Ciudadanos y PP.

Pero, sobre todo, dos providencias del TC dictadas el 10 y el 16 de octubre, sólo unos días antes de admitir a trámite la propuesta de resolución, dirigían de forma nominal a Torrent y al resto de los integrantes de la Mesa un requerimiento expreso de "abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento" a las resoluciones anuladas por el Constitucuional, "así como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir" las sentencias 259/2015, 136/2018 y 98/2019.

También Costa y Campdepadrós

El TC ha acordado deducir testimonio al Ministerio Fiscal "para que proceda, en su caso, a exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, al vicepresidente primero y al secretario primero de la Mesa, Josep Costa y Eusebi Campdepadrós", respectivamente.

El tribunal considera que "han incumplido el artículo 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que declara que todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el TC resuelva".