El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha ordenado al Ministerio del Interior que le informe de qué funcionarios del aeropuerto de Madrid-Barajas se encargan de aplicar las directrices sobre la llegada de pasajeros.
Se trata de la primera diligencia que el instructor acuerda tras admitir a trámite la primera querella presentada sobre el llamado Delcygate, el conflicto que ha motivado la entrada en el aeropuerto madrileño de la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez el pasado 20 de enero y su reunión con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Rodríguez, que fue alojada en una sala VIP hasta que salió en un vuelo comercial con destino a Doha (Catar), es una de los 25 dirigentes de la República Bolivariana sobre los que pesan sanciones acordadas por el Consejo de la Unión Europea, incluyendo la prohibición de viajar a territorio de la UE.
La primera querella fue presentada por el Partido Leócrata y se dirige contra Ábalos y contra "los funcionarios y autoridades que ordenaron la inaplicación de la Ley de Extranjería" durante el encuentro del ministro y la mandataria venezolana.
No pide las grabaciones
Serrano-Arnal ha pedido a Interior información sobre el protocolo de llegada de viajeros y quién se encarga de aplicarlos. Aún no ha pedido la identidad de los concretos funcionarios que estaban en el aeropuerto el 20 de enero, cuando se permitió la entrada de Delcy Rodríguez.
Serrano-Arnal ha admitido igualmente la querella de Vox así como la inhibición del juez que inicialmente recibió la denuncia del PP, Adolfo Carretero. Este magistrado señaló en un auto dictado el pasado jueves que "los hechos revisten los caracteres de un presunto delito de prevaricación administrativa y otros cuyo conocimiento está atribuido a los Juzgados de Instrucción (...), por lo que acordó incoar diligencias previas. Pero al conocer que su compañero Serrano-Arnal había iniciado antes un procedimiento sobre los mismos hechos le envió todas las actuaciones relativas a la denuncia del PP.
El instructor del Juzgado número 31 no ha acordado de momento ninguna otra diligencia diferente de la del requerimiento a Interior. No ha pedido, por tanto, las grabaciones que pudieran existir sobre los movimientos de Delcy Rodríguez en el aeropuerto ni dispone aún de ellas, aunque es previsible que le lleguen porque fueron solicitadas por el Juzgado de Guardia a iniciativa del PP.