La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este viernes suspender todas las actuaciones judiciales programadas y los plazos procesales en el País Vasco y la Comunidad de Madrid y en los partidos judiciales de Haro (La Rioja) y de Igualada (Barcelona). Está previsto que la misma medida se extienda toda España en cuanto el Ejecutivo anuncie el estado de alarma, según informan a EL ESPAÑOL fuentes el órgano de gobierno de los jueces. 

En una reunión extraordinaria celebrada de manera telemática, la Comisión Permanente del CGPJ ha establecido un nuevo escenario, el 3, a la vista de la rápida evolución de la pandemia. 

En este escenario se garantizan las siguientes actuaciones: 

1. Cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicio irreparable.

2. Los internamientos urgentes.

3. La adopción de medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las medidas de protección de menores.

4. Los Juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que les correspondan. En particular, deberán asegurar el dictado de las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores.

5. El Registro Civil prestará atención permanente durante las horas de audiencia. Singularmente, deberán asegurar la expedición de licencias de enterramiento, las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio y la celebración de matrimonios.

6. Las actuaciones con detenidos y otras que resulten inaplazables, como adopción de medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registros, etc.

7. Cualquier actuación en causa con presos o detenidos.

8. Se adoptarán las medidas de refuerzo precisas para garantizar que los órganos del orden contencioso-administrativo puedan dar una respuesta ágil y eficaz en la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, así como a las solicitudes de entrada en domicilios u otros lugares que requieran autorización judicial.

9. Los presidentes de Tribunales Superiores y de Audiencias Provinciales decidirá sobre el cese de actividad en las dependencias judiciales en que se encuentren sus respectivas sedes y cierre y/o desalojo de las mismas en caso de que procediera.

Petición de dimisión de Lesmes

El nuevo acuerdo del CGPJ se produce después de que todas las asociaciones de jueces y fiscales (excepto la Unión Progresista de Fiscales) hayan solicitado la dimisión del presidente del Consejo, Carlos Lesmes, por entender que ha gestionado mal la crisis del coronavirus al limitarse a dar unas instrucciones que dejaban en manos de cada juez la decisión de suspender o no las actuaciones judiciales.

Para la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Independiente de Fiscales, las instrucciones dadas por el CGPJ el pasado miércoles suponían "un elemento de distorsión y confusión a la hora de adoptar las medidas precisas en una situación de contención como la que sufre el país".

"Dejar la decisión acerca de la suspensión de actuaciones a la discrecionalidad de cada juez es irresponsable por carecer de los elementos de juicio necesarios al efecto dando pie, por otra parte, a una previsible e indeseable disparidad de criterios en una misma sede judicial", han señalado las asociaciones en un comunicado conjunto.

El CGPJ estableció también el miércoles un protocolo "del todo inviable en relación con los señalamientos de los próximos días y semanas", añadían. Las peticiones de suspensiones debían ser trasladadas por cada juez a su Tribunal Superior para la aprobación por el presidente y éste remitirlas al Consejo.

Las asociaciones reprochaban a Lesmes "no asumir la responsabilidad de tomar una decisión clara, razonada y acorde con una situación que ha llevado al propio CGPJ a suspender varias de sus reuniones y las actividades formativas".

A su parecer, la actuación del órgano de gobierno de los jueces "ha traído caos, riesgo para la salud y desigualdad de trato en todo el territorio nacional y, especialmente, en la Comunidad de Madrid", ya que los abogados y los justiciables han ido a las sedes judiciales a tratar de averiguar si los juicios se iban a suspender o a intentar adelantar diligencias o a actos de conciliación. Las asociaciones aseguran que esto ha generado algunas situaciones "de verdadero pánico" entre el funcionariado.

"Hicimos lo correcto"

Fuentes del CGPJ defienden las directices acordadas el miércoles. "Hicimos lo correcto, explican, porque "en ese momento ningún servicio público estaba cerrado y no teníamos ninguna indicación de las autoridades sanitarias aconsejando cerrar". 

Las mismas fuentes señalan que cada juez tiene "el suficiente sentido común" como para saber en qué situación está el órgano judicial en el que trabaja, si los señalamientos son urgentes o van a requerir la presencia de numerosas personas. "Son datos que cada juez tiene, pero de los que no dispone el CGPJ", agregan.