El Supremo decidirá si abre una investigación a Pedro Sánchez por permitir el 8M

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido denunciado ante la Sala Penal del Supremo por un supuesto delito de prevaricación administrativa consistente en no impedir la celebración de "actos multitudinarios" -entre ellos la manifestación del Día de la Mujer el 8 de marzo- pese a que desde el 2 de marzo anterior el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades había recomendado adoptar medidas contra el Covid-19, entre ellas establecer  "medidas de distanciamiento social individual".

El escrito para que se actúe penalmente contra Sánchez ha sido presentado por el abogado madrileño Víctor Valladares, cuya denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha sido admitida por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que ha abierto unas diligencias por prevaricación y/o lesiones.

El Juzgado indicó a Valladares que Sánchez es aforado ante el Supremo, por lo que debía dirigirse a este órgano. Así lo ha hecho el letrado, reproduciendo la denuncia presentada en los Juzgados de Plaza de Castilla.

El abogado considera que el presidente del Gobierno incurrió en prevaricación administrativa por "omisión", al no actuar prohibiendo las concentraciones multitudinarias pese a las advertencias que ya existían de los organismos europeos sobre el riesgo de contagio por coronavirus.

El letrado pide al Supremo que practique las mismas diligencias ya acordadas por el Juzgado de Instrucción 51, consistentes, entre otras, en que la Guardia Civil investigue cuál fue el curso dado al informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades: qué órgano lo recibió en España, si se remitieron recomendaciones sanitarias a las delegaciones del Gobierno en relación con las manifestaciones programadas desde el 5 de marzo en adelante o si, por el contrario, se dio algún tipo de instrucción o indicación para que las concentraciones tuvieran lugar "sin restricción alguna".

También solicita que se interrogue en calidad de testigos-peritos a las personas que elaboraron los informes del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios, entre ellos a Fernando Simón, director del primer organismo y actual portavoz del comité de seguimiento del coronavirus en el Ministerio de Sanidad.

Todas las denuncias o querellas contra aforados son trasladadas a dictamen de la Fiscalía por la Sala Penal del Supremo antes de que el tribunal se pronuncie sobre su admisión a trámite. Lo mismo se hará con esta denuncia, aunque en estos momentos, debido al estado de alarma, los plazos procesales están suspendidos.