La jueza que investiga la relación entre el 8M y los contagios descarta el delito más grave, el de lesiones

El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha acordado limitar a un supuesto delito de prevaricación las diligencias iniciadas el pasado 23 de marzo contra contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no haber prohibido la manifestación del Día de la Mujer, celebrada el 8 de marzo, pese a la propagación de la pandemia del Covid-19.

La jueza Carmen Rodríguez Medel ha dictado una resolución en la que descarta el presunto delito de lesiones por imprudencia, por el que también se había incoado el procedimiento, después de recibir el informe que encargo al médico forense adscrito al Juzgado.

El dictamen indica que no se puede establecer una relación de causa-efecto entre la celebración de la manifestación del 8M -y otros actos multitudinarios que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo- y el alto nivel de contagio que se ha alcanzado en la capital de España. 

El Juzgado de Instrucción número 51 fue el primer órgano judicial en abrir una investigación penal contra autoridades relacionadas con el Ejecutivo derivadas de la pandemia del Covid-19. En ese Juzgado recayó una denuncia en la que se relata que en la Comunidad de Madrid hubo 77 reuniones multitudinarias a partir de 5 de marzo , entre ellas la manifestación del 8 de marzo por el Día de la Mujer, a la que asistieron numerosos miembros del Gobierno.

Aunque admitió a trámite la denuncia, la instructora ya expresó muchas cautelas sobre su viabilidad, entre ellas las derivadas de su provisional tipificación.

Asi, la jueza manifiesta "serias dudas" de que se trate de una prevaricación administrativa, aunque tampoco la descartaba. Éste es el único delito por el que ahora seguirán las diligencias.

Rodríguez Medel ordenó una batería de diligencias, entre ellas que la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid investigue cuál fue el curso dado al informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades en el que se alertaba sobre el Covid-19: qué órgano lo recibió en España, si lo difundió entre las autoridades y, concretamente, si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid.

La Guardia Civil deberá informar también sobre si por parte de las autoridades competentes españolas se remitieron recomendaciones sanitarias a la Delegación del Gobierno en Madrid en relación con las manifestaciones programadas y si por las autoridades competentes, promotores de las reuniones o manifestaciones, o por la Delegación del Gobierno, se hizo advertencia alguna sobre los riesgos sanitarios que conllevaba acudir a esas concentraciones, de modo que los asistentes aceptaran la autopuesta en peligro.