El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 planteó que el Gobierno impusiera a jueces y fiscales una jornada laboral de mañana y de tarde similar a la que el decreto-ley de recuperación de la actividad judicial tras el estado de alarma establece para los letrados de la Administración del Justicia y el resto de los funcionarios que trabajan en los Juzgados.

Ésa fue una de las observaciones que, con claro desconocimiento del orden constitucional de competencias y de la realidad del trabajo que desempeñan jueces y fiscales, hizo el Ministerio de Pablo Iglesias al decreto-ley de Justicia, aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

La norma prevé en su artículo 27 que, durante el actual estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, se establecerán tanto para los letrados de la Administración de Justicia como para los demás funcionarios jornadas de trabajo de mañana y tarde en todos los servicios y órganos jurisdiccionales. Es una de las medidas con las que se busca evitar que todo el personal coincida en los Juzgados y Tribunales en las mismas horas, así como recuperar lo antes posible la actividad de los órganos judiciales, paralizada desde el pasado marzo salvo en lo que se refiere a las actividades esenciales.

El Ministerio de Derechos Sociales opinó que la jornada de mañana y tarde "debería ser aplicable también para los jueces y fiscales, por razones evidentes de que estos colectivos son esenciales para agilizar el despacho de asuntos, que es el fin de este precepto", según las observaciones presentadas, conocidas por EL ESPAÑOL.

La propuesta fue rechazada de plano por el Ministerio de Justicia, que contestó al departamento de Iglesias con un recordatorio básico de cuáles son las competencias de cada poder del Estado. "El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas en la materia no tienen competencia para la determinación de la jornada laboral de jueces y fiscales sino solo respecto de los letrados de la administración de justicia y demás personal funcionario a su servicio", indicó el departamento de Juan Carlos Campo.

Lo dice el Gobierno

Derechos Sociales objetó la contestación de Justicia con una nueva observación en la que insistió en que se podía entrar en la jornada laboral de los jueces y fiscales por la razón de que es una norma legal que "emana" del Gobierno. "El presente proyecto", señalaba, "tiene rango de ley y emana del Gobierno, por lo que es medio suficiente para determinar la jornada laboral tanto de jueces como de fiscales. En todo caso, el caso de los fiscales no plantea duda alguna al respecto".

Justicia hizo caso omiso de una consideración que ignora la autonomía funcional de la Fiscalía y las competencias que respecto al estatuto y condiciones de trabajo de los jueces tiene reservadas el Consejo General del Poder Judicial, órgano con el que Pablo Iglesias ha tenido ya dos incidentes en los cuatro meses que lleva como miembro de Ejecutivo.

El pasado jueves, el órgano de gobierno de los jueces expresó su "profundo malestar" y su "absoluto y rotundo rechazo" por las manifestaciones vertidas por Iglesias en relación a la condena impuesta a la dirigente de Unidas Podemos Isabel Serra por delitos de atentado contra la Policía, lesiones a dos agentes y daños. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales escribió en Twitter que "las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”.

El CGPJ ya salió al paso en enero de otras manifestaciones de Iglesias en las que, en referencia al 'procés', consideró que los tribunales europeos habían "humillado" a los jueces españoles.

Fuentes de Justicia señalaron que, además de no respetar el orden de competencias, la propuesta de Derechos Sociales carece de sentido en unos profesionales como los jueces y fiscales que, a diferencia de los funcionarios de la Administración de Justicia, continúan en sus casas la jornada laboral trabajando por las tardes y noches, los domingos y los días festivos.

De hecho, los jueces dedican esa prolongación de su actividad laboral a poner las sentencias y resoluciones correspondientes a las diligencias y juicios que celebran durante el día en los Juzgados y tribunales, sin que esas horas 'extras' sean computadas a ningún efecto. Están, además, sometidos a módulos de trabajo fijados por el CGPJ, de los que dependen sus retribuciones.

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