El juez manda al banquillo a Villarejo y a Susana García-Cereceda, hija del promotor de La Finca

El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garcia-Castellón ha dado por terminada la investigación del Proyecto Land, referido a un encargo hecho al comisario José Manuel Villarejo por Susana García-Cereceda, hija del fallecido promotor de la urbanización de lujo madrileña La Finca, Luis García-Cereceda.

Se trata de la segunda pieza del caso Tándem que pasa a la fase de preparación de juicio oral, tal como solicitó la Fiscalía Anticorrupción.

El instructor imputa formalmente presuntos delitos de cohecho, descubrimiento de secretos y falsedad en documento mercantil a Villarejo; el número dos de su organización, Rafael Redondo; su esposa, Gemma Isabel Alcalá; el comisario jubilado Enrique García Castaño; Susana García-Cereceda; Francisco Lorenzo Peñalver, exconsejero de la promotora La Finca, y el responsable de seguridad de la misma, David Fernández.

De acuerdo con la resolución judicial, el Proyecto Land se desarrolló en 2013 y 2014, cuando el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017, estaba en activo en la Policía, adscrito a la Dirección Adjunta Operativa.

El juez tacha de "organización criminal" al "entramado parapolicial" dirigido por José Manuel Villarejo, "que empleó de forma sistemática los medios y recursos afectados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para forzar la solución de los conflictos fuera de los cauces legales, empleando para ello información sensible con la finalidad de remover voluntades".

Según el instructor, Francisco Peñalver, Susana García Cereceda y David Fernández contrataron a Villarejo para recabar información sobre la situación en que había quedado la promotora de La Finca -Procisa- tras la muerte en 2010 de su presidente, Luis García-Cereceda, con el fin de reclamar una herencia y averiguar datos sobre la situación del resto de los herederos, entre ellos la viuda de Luis, Silvia Gómez-Cuétara, y la hermana de Susana, Yolanda García-Cereceda.  

Métodos "ilegales"

El encargo "fue más allá" de la situación de Procisa e incluyó la averiguación de información patrimonial, personal e íntima de los investigados, "cuyos supuestos intereses económicos podían perjudicar" a los administradores de Procisa, Susana García-Cereceda y Francisco Peñalver.

Villarejo accedió "de forma ilegal" a datos sobre la vida privada de Yolanda García-Cereceda y su entonces marido, Jaime Ostos Alcalá; sobre el arquitecto Joaquín Torres y sobre Silvia Gómez-Cuétara, incluido el tráfico de sus llamadas, movimientos bancarios e información tributaria y de seguridad social.

El juez instructor sostiene que Susana García-Cereceda, Peñalver y Fernández tuvieron conocimiento de que Villarejo estaba utilizando métodos ilegales. La resolución reproduce conversaciones -grabadas por el propio comisario y halladas en los registros a sus oficinas y viviendas- en las que Villarejo manifestaba a Susana: "Respecto a los números ¿te acuerdas que nos dijiste que los chequeáramos y tal? No hemos encontrado nada anómalo, lo único es que no hemos dado el salto de un poco de posicionamiento y tal, hemos visto que algunos los apagan mucho, entonces… ¿te acuerdas que nos distes unos números para ver si hacían llamadas raras?".

Durante la instrucción se ha investigado el acceso a las bases de datos de la Policía, descubriéndose entonces "la directa dependencia de las personas que procedieron a acceder a los datos de carácter personal de los perjudicados con Enrique García Castaño". Este comisario, que era jefe de la Ucao (Unidad Central de Apoyo Operativo), mantenía "una colaboración periódica y constante" con Villarejo a cambio de "dádivas".

Villarejo también entregó a sus clientes un informe de inteligencia patrimonial sobre Procisa y Luis García-Cereceda elaborado en 2012 por la agencia de detectives Método 3 por encargo de Silvia Gómez-Cuétara. El comisario lo habría obtenido de las bases de datos de Método 3 "de forma ilícita".

Procisa pagó por el Proyecto Land 340.252 euros entre el 10 de julio de 2013 y el 12
de febrero de 2014 "de forma opaca", a través de facturas creadas ex profeso para simular la legalidad de dichos pagos bajo la apariencia de servicios ficticios, señala la resolución judicial.

Informe sobre una jueza

Susana García-Cereceda también pagó, presuntamente, por otros trabajos de Villarejo. Habría abonado en 2012 21.830 euros por un informe de inteligencia sobre el perfil patrimonial, financiero y de solvencia de las sociedades Cadbe, Constructora de Viviendas Unifamilaires S.L., Hogar Últil e Imce87.

Se trataba de conocer la situación en que se encontraban estas mercantiles de cara a la eventual ejecución provisional de la sentencia por la que se condenó a Procisa a pagarles 34.657.380 euros más intereses.

La sentencia adversa a Procisa fue dictada en diciembre de 2011 por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón Mónica Gómez Ferrer.

Susana García-Cereceda también abonó a Villarejo una cantidad, cuya cuantía no se ha concretado, por un informe sobre el perfil personal, familiar y profesional de esta magistrada. El comisario incorporó datos privados y laborales que sólo se podían obtener de instituciones públicas, "desconociéndose la persona o forma concreta por
la que accedieron ilegalmente a dichos datos reservados".

También fue investigado el letrado de las mercantiles demandantes en ese procedimiento, Ernesto Benito Sancho.