El juez que instruye el caso Tándem, Manuel García-Castellón, ha retirado a Pablo Iglesias la condición de perjudicado -y, con ello, le aparta del ejercicio de la acusación particular- en la pieza en la que se investiga un presunto delito de revelación de secretos por la difusión de mensajes y fotos íntimas guardados en el móvil de su exasesora, Dina Bousselham.
Entre esos mensajes, difundidos en algunos medios de comunicación, estaba uno que escribió Iglesias sobre la presentadora Mariló Montero, de la que dijo que "la azotaría hasta que sangrase. Ésa es la cara B de lo nacional popular".
Los mensajes se encontraban en un chat de Telegram, llamado "Equipo Portavoz", que Dina Bousselham tenía en su móvil, cuyo robo denunció en 2015.
Tras la detención de Villarejo, en noviembre de 2019, los investigadores encontraron en su casa dos carpetas con capturas del móvil de la asesora de Iglesias. Este hecho seguirá siendo investigado por la Audiencia Nacional, pero ya sin Iglesias en el rol de víctima.
Así lo propuso la Fiscalía Anticorrupción y lo ha aceptado el instructor tras descubrirse que, pese a haberlo ocultado al juez y a la Policía en las declaraciones que prestó en marzo de 2019, Dina Bousselham admitió en su comparecencia en la Audiencia Nacional el pasado 18 de mayo que ella misma hizo capturas del chat de Telegram y pudo haberlas reenviado a diferentes destinatarios.
De esta manera, no resulta posible vincular la difusión de los mensajes de Iglesias en los medios de comunicación "exclusivamente a la intervención de Villarejo", afirma García-Castellón en una resolución dictada ese lunes.
Contradicciones
De otro lado, aunque Bousselham manifestó inicialmente a la Policía que "no disponía de copia de la tarjeta ya que tras el robo del móvil perdió toda la información", luego ha reconocido que Iglesias le entregó "en junio o julio de 2016" una tarjeta SIM de su móvil, que ella no pudo abrir porque estaba dañada. La Policía Científica determinó que la tarjeta estaba "parcialmente quemada" cuando Dina la entregó en la Audiencia Nacional.
Quien sí vio el contenido de dispositivo fue el propio Pablo Iglesias, que dijo haberlo recibido en enero de 2016 del presidente del grupo Zeta, Antonio Asensio. A éste se lo dieron dos directivos de Interviu, que también entregaron una copia a Villarejo.
En su declaración del pasado día 18, Dina manifestó que "cuando Pablo Iglesias me entregó la tarjeta ésta se encontraba dañada y nunca pude acceder ni recuperar su contenido" y añadió que "desconocía" por qué el líder de Unidas Podemos había tardado medio año en dársela.
"En este punto hay dudas razonables sobre el cuándo se materializa la entrega" de la tarjeta por parte de Iglesias a su antigua asesora, señala el juez. "Esta circunstancia, unida a las demás contradicciones del relato de Dina Bousselham, permiten sostener que Pablo Iglesias Turrión habría mantenido en su poder la tarjeta SIM durante un periodo que podría oscilar entre 5 meses a 39 meses, una vez recibida la tarjeta el 20 de enero de 2016".
El período más breve (5 meses) sería en el caso de que la devolución se hubiese efectuado en junio de 2016 y el más extenso (39 meses ) si Iglesias le dio la tarjeta a Dina el mismo día que ésta la entregó en el Juzgado, el 27 de marzo de 2019.
De esta forma, el juez considera que "aunque no puede descartarse en absoluto la participación de Villarejo" en la difusión de los mensajes del chat del equipo de Iglesias, la investigación ha dado como resultado que las posibles fuentes "se amplían considerablemente", pues las capturas de pantalla también pudieron ser proporcionadas por las personas a las que Dina las enviara. Sin olvidar que "el propio Pablo Iglesias mantuvo la tarjeta [del móvil de Dina] en su poder en un tiempo que no ha podido ser concretado".
Así las cosas, la condición de perjudicado de Iglesias "resulta insostenible, toda vez que las diligencias practicadas no han permitido concretar en qué medida resulta ofendido o perjudicado de infracción penal alguna", concluye.