La jueza llama a declarar como imputado al delegado del Gobierno en Madrid por permitir el 8-M

La jueza que investiga si constituyó un delito de prevaricación no prohibir la multitudinaria manifestación del 8M en Madrid ha citado a declarar como investigado al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, para el próximo 5 de junio.

La magistrada Carmen Rodríguez Medel ha llamado como testigos para ese mismo día al secretario general de la Delegación, Fernando Talavera; a Luis María Sanz, jefe del gabinete de Franco, y a José Luis Correas, director de la Unidad de Seguridad Ciudadana. Las declaraciones se celebrarán por vía telemática debido a al Covid-19, indica la instructora.

En una resolución dictada este lunes, la jueza ordena una batería de nuevas peticiones de información que deberá contestar Talavera. Rodríguez Medel quiere saber la relación de resoluciones de toma de conocimiento o prohibiciones de concentraciones y manifestaciones dictadas por el delegado del Gobierno entre el 5 y 14 de marzo 2020, con independencia de la fecha para la que estuvieran convocadas.

También pregunta por las 21 manifestaciones y concentraciones que, según ha informado Talavera al Jugado, fueron desconvocadas “bien por propia iniciativa o a requerimiento de la Delegación del Gobierno”.

La instructora quiere que el secretario general precise en qué fechas se hicieron esos requerimientos -que, en cambio, no se hicieron para la celebración del Día de la Mujer- y si quedaron registrados en la aplicación informática denominada 'Gestión de Concentraciones y Manifestaciones'.

Otra de las cuestiones se refiere a un oficio del ministro de Sanidad de 3 de marzo 2020 sobre Recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus Covid-19. La jueza pregunta si fue colgado en la página web oficial del Ministerio y si fue remitido a otros Ministerios y a la Delegación del Gobierno.

Pregunta, asimismo, qué difusión o distribución tuvo el comunicado emitido el 6 de marzo por la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia de Covid-19 y si fue enviado, específicamente, a la Delegación del Gobierno en Madrid. En caso de que la respuesta sea negativa, la jueza reclama las razones que existieron para no hacerlo.

También ha pedido un nuevo informe al médico forense adscrito a su Juzgado a la vista de la evolución de la investigación.

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