La jueza Carmen Rodríguez-Medel, que desde el pasado 23 de marzo investiga al delegado del Gobierno en Madrid por un supuesto delito de prevaricación por no prohibir la manifestación del 8-M pese a la extensión de la pandemia del Covid-19, ha denegado ampliar la investigación al doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.
La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid también ha rechazado la pretensión de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, personada como acusación popular, de dirigir la investigación contra el conjunto de funcionarios de la Delegación del Gobierno "a los que, sin identificar, imputa una serie de delitos contra la vida, la integridad física o contra el ejercicio de los derechos y libertades".
"No hay indicios de que hayan cometido ninguno de los delitos allí denunciados", dice la magistrada en una resolución dictada este viernes.
En relación con Fernando Simón, la jueza explica que este procedimiento "no se dirige frente al citado denunciado". Una consulta en la aplicación informática de los Juzgados de Instrucción de Madrid pone de manifiesto que al menos dos Juzgados tienen asuntos ya registrados en trámite contra Simón "indiciariamente por los mismos delitos recogidos en la ampliación de la denuncia" de la acusación popular.
Por ello, indica a la asociación denunciante que "debe presentar la ampliación ante dichos órganos jurisdiccionales y no ante éste".
"Los únicos hechos investigados en este procedimiento hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada del Covid-19 por el delegado del Gobierno de Madrid", insiste. Y los hechos concretos que se investigan son las concentraciones y manifestaciones que fueron comunicadas a José Manuel Franco con anterioridad al 14 de marzo de 2020.