El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, utilizará su propio comportamiento y el de sus familiares para argumentar este martes ante la jueza Rodríguez-Medel que nada indicaba antes del 8 de marzo que debía prohibir manifestaciones como la que conmemoró el Día de la Mujer.
Franco, la primera autoridad vinculada al Ejecutivo investigada en un procedimiento penal derivado del Covid-19, está citado a declarar por la titular de Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que el 23 de marzo aceptó una denuncia por la no prohibición de las manifestaciones que se celebraron en la capital de España entre el 5 y el 14 de marzo.
La principal de ellas fue la del Día de la Mujer, a la que asistió el delegado del Gobierno y varios de sus familiares. El argumento que Franco pretende trasladar a la instructora es que, de haber tenido información de cualquier riesgo asociado a esa o a otras manifestaciones, no habría puesto en peligro a los ciudadanos y mucho menos a sus seres queridos o a él mismo.
Prevaricación omisiva
El delito por el que se investiga a Franco es extraño: una prevaricación omisiva o, en otra palabras, no haber tomado intencionadamente la decisión jurídica que debía adoptar a sabiendas de la injusticia que cometía al no hacerlo.
Pero el delegado del Gobierno, al que defiende la Abogacía del Estado y cuenta con el apoyo del fiscal, alegará que no tenía, ni pudo representarse, el deber de prohibir las manifestaciones que se celebraron antes del estado de alarma. Nunca recibió ninguna instrucción, ni siquiera indicación, en el sentido de que era obligado cancelar esos eventos -que suponen, además, el ejercicio de un derecho fundamental- debido a la crisis sanitaria.
"La realidad que podía apreciar el delegado del Gobierno antes del estado de alarma es que los actos multitudinarios de toda índole se desenvolvían con normalidad", indican fuentes jurídicas en referencia a encuentros deportivos, conciertos o reuniones políticas o institucionales.
De otro lado, las manifestaciones que se celebraron a primeros de marzo fueron comunicadas a la Delegación del Gobierno en febrero. En ese momento nadie tenía datos ciertos de que en España hubiera un riesgo de pandemia por el Covid-19. El 28 de febrero había notificados notificados 34 casos en toda España.
No había, alegará, ninguna razón para prohibir las manifestaciones en aquel momento y no fue hasta el 9 de marzo cuando los contagios se elevan de forma exponencial. El 8-M los casos de Covid-19 confirmados en Madrid eran 28. Un día después ascendieron a 234. Por ello, a partir del día 9 la Delegación empieza a contactar con los convocantes de manifestaciones previstas para los días siguientes con el fin de que las suspendan.
Competencias
Otro de los argumentos que se manejarán en la comparecencia judicial es que los delegados del Gobierno no tienen competencias en materia de sanidad y en este caso ninguna autoridad sanitaria -ni de la Comunidad de Madrid ni estatal ni europea- dio indicaciones para cancelar eventos multitudinarios en esas fechas. España se encontraba entonces en el escenario 1 de los cuatro diseñados por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).
Este último organismo difundió el 2 de marzo un informe en el que recomendaba no celebrar eventos masivos en los escenarios 3 y 4 (mitigación de la epidemia) y sólo en circunstancias excepcionales en los escenarios 1 y 2 (para contención de la epidemia). Esas circunstancias excepcionales eran cuando se esperase a esos eventos la afluencia de personas procedentes de un foco de infección, como China.
En esa fecha el ECDC consideraba que sólo Italia se encontraba en escenario 2. El 2 de marzo España tenía 114 casos y 0 fallecidos. Italia, 1.694 casos y 34 fallecidos.
Tampoco las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid advirtieron de ningún riesgo acerca de las manifestaciones y no fue hasta el 6 de marzo cuando el Gobiernod de Díaz Ayuso tomó las primeras restricciones, cerrando centros de mayores y cancelando actividades formativas de sanitarios.