El delegado del Gobierno a la jueza del 8-M: "Prevaricar habría sido prohibir la manifestación"

No había "ningún elemento" ni "ninguna recomendación de ninguna autoridad sanitaria" que indicara que las manifestaciones convocadas para los primeros días de marzo debían ser canceladas, ha sostenido este miércoles ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que ha añadido: "Si con los elementos que había el día 7 yo hubiera prohibido la manifestación del Día de la Mujer, entonces sí que habría prevaricado".

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha sometido a Franco a un exhaustivo interrogatorio (solo sus preguntas ocuparon más de 45 minutos) sobre las decisiones que tomó respecto a las manifestaciones y concentraciones comunicadas a la Delegación del Gobierno para su celebración a principios de marzo, a pocas fechas de que se declarara el estado de alarma por la crisis sanitaria del Covid-19.

Franco -la primera autoridad vinculada al Ejecutivo que es investigada en un proceso penal a consecuencia del Covid-19- ha aportado a la instructora datos hasta ahora no conocidos respecto a la más destacada de esas manifestaciones, la que conmemoró el Día de la Mujer, a la que asistieron unas 120.000 personas, incluido el propio declarante.

Manifestó que la comunicación de este evento fue recibida en la Delegación del Gobierno antes de que él tomara posesión del cargo (17 de febrero). El dato es relevante porque limita las posibilidades que Franco tenía de prohibir la manifestación en el plazo legal de 72 horas que la Administración tiene para tomar esa medida.

En todo caso, los datos de los que se disponía en ese momento no indicaban un riesgo de pandemia, subrayó el delegado del Gobierno. Hubo días, como el 5 de marzo, que los casos nuevos de Covid-19 (23) descendieron respecto a los del día anterior (30). El propio 8-M hubo menos casos que el día 7 (28 frente a 37).

Superado el plazo administrativo para prohibir la manifestación, debían objetivarse razones muy poderosas para anular el ejercicio de un derecho fundamental como el de reunión y ser, además, apreciadas por quien no tiene competencias en materia sanitaria, como ocurre con el delegado del Gobierno, añadió Franco en su comparecencia judicial. "No había ningún elemento objetivo para hacerlo", insistió.

La jueza fue meticulosa en la indagación del procedimiento y los criterios de la Delegación del Gobierno para vetar la celebración de manifestaciones una vez recibida la comunicación de la convocatoria. José Manuel Franco explicó que la práctica habitual es que, si se aprecia algún problema (por la fecha, el recorrido o cualquier otra circunstancia), se habla con los convocantes para que modifiquen el aspecto de que se trate, pero no se prohíbe.

Errores

La comparecencia permitió al delegado del Gobierno señalar la existencia de "errores" no de la Guardia Civil, sino de testimonios en los que los agentes de Policía Judicial se han basado para confeccionar sus informes.

Así, el jefe del departamento de riesgos laborales de la Delegación del Gobierno declaró que el 28 de febrero elaboró una primera versión de un protocolo con medidas como la higiene de manos o el mantenimiento de la distancia social de 1 a 2 metros, protocolo que difundió por correo electrónico "a todos los miembros de la delegación del Gobierno, incluido el propio delegado, el 2 de marzo". Este dato ha sido utilizado por el forense del Juzgado para enfatizar que se adoptaron medidas preventivas con los trabajadores de la Delegación pero no con los asistentes a las manifestaciones.

Franco matizó que él no recibió ese protocolo porque no fue incluido en esa lista de distribución hasta el 4 de marzo y destacó, sobre todo, que "una cosa es lo que hace Prevención de Riesgos con el personal de la casa" y otra lo que la Delegación tiene que hacer ante el ejercicio de un derecho fundamental como el de reunión.

Ese protocolo, explicó, tenía como finalidad prevenir al personal que tiene contacto con el público y en especial con extranjeros, dado que muchas competencias de la Delegación involucran a personas que no son nacionales españolas y en esas fechas las indicaciones de las autoridades sanitarias se circunscribían, precisamente, a la necesidad de controlar los contactos con personas provenientes de focos de infección (China, Italia).