El fiscal ve "dudas" para condenar al exjefe policial Pino por el pendrive fantasma de los Pujol

El juicio al exjefe de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Eugenio Pino y a su mano derecha, Bonifacio Díez Sevillano, ha quedado este viernes visto para sentencia ante la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid con una rebaja de la petición de pena por parte del partido Podemos, que ejerce la acusación popular.

El letrado Alejandro Gámez ha pedido seis años y medio de prisión para Pino y cinco años para Díez Sevillano (inicialmente reclamaba diez años y medio de prisión para cada uno), aun así unas penas mucho más graves que las que solicita Jordi Pujol Ferrusola (dos años y medio de cárcel) como víctima el presunto delito de revelación de secretos que se dilucida.

Pino y Díez Sevillano, ya jubilados, están acusados de entregar en 2015 a la Udef -unidad policial encargada de investigar al clan Pujol- un pendrive con archivos informáticos de Jordi Pujol Ferrusola entre 1997 y 2002: datos reservados e íntimos de carácter personal y familiar y numerosas referencias a sus sociedades y proyectos empresariales.

Los datos incluidos en los archivos del pendrive acabaron en un informe presentado en abril de 2016 por la Udef al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, encargado de la causa contra los Pujol.

El origen del pendrive sigue siendo un misterio a día de hoy, pero lo que sí es seguro es su procedencia ilegal: ningún juez ha autorizado la intervención de esos datos informáticos. Pese a que la Udef aseguró a De la Mata que los archivos habían sido encontrados en los ordenadores de la agencia Método 3, que fue en su día registrada con orden judicial, este dato se demostró incierto y el instructor optó por expulsar el informe de la Udef y todo lo relativo al pendrive fantasma de la causa contra los Pujol para evitar riesgos de nulidad.

El primer juicio a la llamada 'policía patriótica' ha terminado, tal como empezó, sin que el fiscal ejerza la acusación. El representante del Ministerio Público que ha actuado en el juicio, Lorenzo Bernal, conoce muy bien la causa porque la ha llevado desde la instrucción y en la última sesión de la vista se ha reafirmado en que "no se ha acreditado que los acusados tuvieran un conocimiento de lo que se encontraba dentro del pendrive y que supieran que el origen era ilícito".

"Si no hay una absoluta convicción de que conocían el contenido del pendrive, no puede haber condena", insistió el fiscal, para quien puede haber "sospechas" pero "ninguna acreditación" de que Pino y Díez Sevillano se concertaran para introducir en un procedimiento judicial datos de procedencia ilícita sobre Jordi Pujol Ferrusola.

Para el fiscal subsisten "muchas dudas": en cuanto al origen del USB y su trazabilidad, en cuanto a si los archivos procedían de los ordenadores de Pujol jr, en cuanto a si los datos que Pino envió a la Udef por medio de Díez Sevillano son los mismos que se trasladaron a De la Mata y en cuanto a si coinciden o no con los aparecidos en un libro publicado en 2015, 10 meses antes del informe policial.

En todo caso, según el Ministerio Público la 'judicialización' del pendrive fue decidida "de forma autónoma" por la Udef y no por los acusados, que se limitaron a trasladar a la unidad policial la información "como se hace cuando se recibe algún dato de un confidente o una denuncia anónima". 

"Policialización"

El abogado del primogénito de los Pujol, Cristóbal Martell, no habló de la 'judicialización' de la información de la Udef sino que acuñó el concepto "policialización" de los procesos judiciales para referirse a la "desviada" introducción en las causas de información policial de procedencia ilegal pero que se cuela a los instructores con una apariencia de licitud, habitualmente bajo la ambigüa expresión "fuentes de inteligencia policial".

Éste es, sostuvo, el caso del pendrive que contenía "toda la vida informática" de su cliente: desde los pésames que enviaba hasta los deberes de sus hijos y, por supuesto, múltiples operaciones empresariales.

Para Martell, lo relevante a efectos penales no es quién le dio el pendrive a Pino sino el hecho de que éste lo tuvo en su poder, lo "cedió a terceros conociendo que era ilícito. Una persona media ve aquello y se da cuenta de que esa información o la consigue un juez o no se puede tener porque es la vida íntima y personal de un sujeto".

Para el defensor de Jordi Pujol Ferrusola, es posible inferir con las reglas de la lógica que, pese a que el acusado lo niega, Pino conoció lo que había dentro del pendrive.

De entrada, el propio oficio de remisión a la Udef afirmaba que contenía "información confidencial sobre la familia Pujol". "La voz 'confidencial' es muy significativa", dijo el letrado, "porque si tuviera un origen lícito, si viniera de la mano de juez, no diría información confidencial".

De otro lado, Díez Sevillano llevaba años investigando a los Pujol en Andorra y en México, y Pino ha concedido entrevistas dando titulares sobre los Pujol. "Son funcionarios muy implicados en este asunto. De modo que ven información confidencial ¿y no la miran? Es impensable".

"A los que creemos en el Estado de Derecho, la afirmación de Pino y Villarejo de que se envió a la Udef 'a ver si es judicializable y, si no, que se utilice como inteligencia' nos produce rubor porque la 'policialización' desviada de la vida judicial es un fenómeno a erradicar. ¿Cómo? Con la aplicación del Código Penal cuando toque. Y ahora toca", concluyó Martell.

Tres años de "calvario"

María Ponte y José Manuel Heredia, defensores de Díez Sevilla y Pino, subrayaron que ni sus clientes "ni nadie" sabía el origen ilícito del pendrive y actuaron convencidos de su licitud. La demostración de eso y de que "no había nada que ocultar" es que la remisión del USB a la Udef se hizo constar en un oficio.

"No es nada raro, así es como se trabaja: llega una información, se traslada, se analiza y se decide lo que hay que hacer", dijo Ponte, que destacó que ni Pino ni su subordinado vieron los archivos y no se ha probado lo contrario.

Los defensores también cuestionaron que el traslado de la información a una unidad policial sea la "cesión a terceros" que exige el delito de relevación de secretos.

Ponte reclama a las acusaciones las costas del proceso porque "ha sido un calvario de tres años y se piden 10 años y medio de prisión por lo que sólo es una ruptura de la cadena de custodia", dijo en referencia al hecho de que el pendrive se extravió en la Udef y apareció en un cajón en febrero de 2017, diez meses después de la entrega del informe policial al juez.