La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado los recursos de la ex directora general de Función Pública entre 2012 y 2015, Ana Brugger (PP), que en consecuencia será juzgada por ayudar supuestamente a copiar a una amiga suya -también procesada en este mismo asunto- en un examen para una oposición.
Según consta en un auto del pasado miércoles, las denunciadas alegaron que las acusaciones (la Fiscalía y el sindicato CGT) no se habían puesto de acuerdo en señalar el tipo concreto de delito en que habían incurrido las procesadas, como evidencia de que no existían tales delitos.
La Audiencia recuerda que en el actual momento procesal no se trata de concretar una calificación jurídica e insiste en que el comportamiento de las denunciadas "pone de manifiesto la realización de una maquinación fraudulenta para superar un examen de la oposición para el cuerpo superior de la Administración General de la Generalitat Valenciana, con el beneficio económico que reporta superar dicha oposición".
Al parecer, la ex alto cargo del Consell facilitó unas notas esenciales para resolver un tema del examen a la beneficiaria, si bien el proceso "quedó en un mero intento, al ser descubiertas por una de las encargadas de la vigilancia de la prueba".
Así, la sala considera que las denunciadas pueden ser acusadas tanto de falsedad (porque el examen debía realizarse individualmente por la opositora) o por negociación o actividad prohibida a funcionarios públicos, e insisten los magistrados en que "al menos indiciariamente existen elementos de juicio suficientes e idóneos que justifican el trámite procesal".
El sindicato CGT insiste en su argumentación judicial en que las procesadas "confunden el mundo de la enseñanza con el mundo de las oposiciones de ingreso a cuerpos de funcionarios. Una cosa son los exámenes que un profesor, a su criterio, puede hacer o dejar de hacer; usar como medio para que sus alumnos se expresen y se valoren a sí mismos; o como medio para estimar su progreso o sus conocimientos de modo que le ayuden a decidir si los estudiantes deben avanzar en el programa o si, al contrario, debe suspenderse ese avance y repetir la parte que se ha estudiado. Se trata de ejercicios".
"Otra cosa es que (por imperativo de la Constitución que obliga a que el acceso a la función pública esté sujeto a los principios de mérito y capacidad), se abra un procedimiento administrativo para seleccionar por un método objetivo establecido en las bases de la convocatoria, a los que de acuerdo con esas bases, lo merezcan. La prueba escrita que, según ha resultado de la instrucción, ha sido falsificada no es un ejercicio escolar. Es un documento administrativo de origen, formado en el seno y para formar parte de un expediente oficial, fuera del cual carece de sentido, del cual documento dependerá la obtención de un puesto de trabajo de técnico superior, valorado, estimando una media de ejercicio profesional de 40 años, en unas retribuciones totales de 1.700.000 euros".
Este sindicato ha lamentado que el Consell no se haya personado en esta causa, así como el hecho de que "la Agencia Antifraude haya renunciado a la vía penal", y advierte que "la red clientelar que supone el enchufismo ha desprofesionalizado y corrompido la función pública y la ha puesto al servicio del poder económico".