La diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borrás se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo Eduardo de Porres, que la investiga por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental que pudo cometer durante la etapa en la que fue directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).
Borrás, que ha llegado al Supremo acompañada de su abogado, Gonzalo Boye -el mismo que el del expresidente catalán Carles Puigdemont y de su sucesor en el cargo, Quim Torra- poco antes de las once de la mañana, la hora a la que estaba citada por el juez, ha explicado que se ha negado a declarar hasta que no se practique una prueba pericial que, según ha dicho, demostraría su inocencia en relación a los 18 contratos que se investigan.
"Implicaría poder demostrar que esos trabajos se realizaron, quién es su autor, cuál es precio objetivo, que carácter de periodicidad existe entre ambos, entre todos los trabajos o incluso la unidad funcional de los mismos", ha explicado a los medios de comunicación a su salida del Tribunal Supremo, unos 15 minutos después de la hora a la que estaba citada.
Se trata de la misma prueba pericial que su defensa solicitó hace unas semanas y por la que pidió al juez instructor a que aplazará la declaración, si bien ante la negativa del magistrado, que acordó mantener la cita para este miércoles, Borrás ha decidido no contestar a las preguntas de las partes, incluso a las de su abogado, hasta que se practique dicha diligencia.
"Contratos en tiempo"
Borrás ha defendido que "todo eso no ha sido ni investigado ni probado por esta pericial" y que siempre ha sostenido que los 18 contratos adjudicados al empresario Isaías Herrero -también investigado en esta causa- han sido "correctos en tiempo y forma".
Una vez que De Porres le ha leído sus derechos, la diputada ha comunicado que no tenía intención de declarar, al menos hasta que no esté "esta evidencia empírica". Asimismo, ha indicado que una vez que se practique esta diligencia, será ella la que pida declarar de forma voluntaria.
"Me veo obligada a defender mi inocencia", ha subrayado, al mismo tiempo que ha señalado que "desde el inicio" de la investigación -que comenzó en un juzgado de Manresa (Barcelona) ha visto vulnerados sus derechos. Por ello, ha pedido la práctica de la pericial para contrastar las conclusiones de una investigación "prospectiva", que, según ha dicho, se ha realizado de "un modo secreto", siendo ella aforada.
Críticas al juez
"Quien quiere probar mi culpabilidad no necesita ni tan siquiera estas pruebas", ha añadido y recalcado que "colaborará con la justicia pero no con la injusticia". En este sentido, ha reprochado al juez De Porres que haya solicitado "muy rápido" al Congreso de los Diputados el suplicatorio para poder citarla a declarar como investigada -después de que la portavoz de JxCat se negara a comparecer el pasado 14 de febrero de forma voluntaria-, pero que sea "muy lento" para ordenar la practica de la pericial solicitada.
Asimismo, ha criticado que cuando recibió la instrucción realizada por el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, la "aceptara" en vez de "reprobar" a la titular del Juzgado por las "ilegalidades" cometidas durante la investigación.
A su salida del alto tribunal, la delegación de diputados y senadores y una veintena de ciudadanos, entre ellos miembros de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, le ha recibido con aplausos acompañados de gritos que decían "no estás sola" y "no es justicia, es venganza".
Borrás ha sido preguntada por los medios de comunicación por si renunciaría a su escaño como diputada para que pudiera ser investigada por un juez ordinario, ya que perdería la condición de aforada. La portavoz de JxCat ha asegurado que no lo haría porque eso supondría "asumir una culpabilidad" que no reconoce.