Una treintena de ciudadanos situados frente a la entrada al Tribunal Supremo han recibido esta mañana a Felipe VI con gritos de "¡Viva el rey Juan Carlos!", "¡Viva el Rey!" y "Cuídese del Marqués de Galapagar, que el sitio le quiere quitar".
Ha sido una escena inusual, que ha provocado que el monarca se haya girado unos segundos hacia los manifestantes para saludarles, sonriente, con la mano antes de entrar en el Palacio de Justicia para presidir la solemne ceremonia de apertura del curso judicial.
Felipe VI ha visitado este año el Supremo en unas circunstancias bien distintas a las de cualquier otra inauguración del año judicial, ya que ahora la Sala Penal tiene sobre la mesa asuntos que afectan de lleno a la institución que representa.
Una treintena de personas vitorean a Felipe VI en su llegada al Supremo
Si el año pasado el acto estuvo marcado por la inminente sentencia del 'procés', esta vez el foco de tensión proviene de las querellas presentadas en el alto tribunal contra el rey emérito y la presunta ocultación en el extranjero de parte de su patrimonio.
No ha habido ni la más mínima alusión a ese delicado problema, ni siquiera por la ortodoxa vía de una referencia a la aplicación igualitaria de la ley, de tan socorrida mención en este asunto.
Los dos discursos oficiales -el de Carlos Lesmes como presidente del Poder Judicial y el de la exministra de Justicia Dolores Delgado en su nuevo papel de fiscal general- se centraron en asuntos menos comprometidos, como el habitual colapso de los Juzgados y Tribunal por el volumen de procesos pendientes, incrementados aún más por la incidencia de la Covid-19.
La pandemia ha modificado notablemente el escenario de la ceremonia, con una severa limitación de asistentes invitados y de magistrados del propio tribunal. Tanto la fiscal general como el presidente del Supremo han tenido palabras de recuerdo a las víctimas y de agradecimiento a los colectivos que se vuelvan en la superación de la crisis (personal sanitario, fuerzas policiales, Ejercito...).
Renovación "sin dilaciones"
Lesmes ha iniciado su alocución recordando el año pasado pronunció por segunda
vez unas palabras de despedida "que no imaginé tener que reproducir de
nuevo este año". Y lo ha acabado señalando que "espero que sea, definitivamente, mi último discurso de apertura de tribunales.
Delante del presidente del PP, Pablo Casado, que este año se ha sumado a la ceremonia, el presidente del Tribunal Supremo ha vuelto a reclamar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en prórroga de mandato desde diciembre de 2018.
"Este retraso representa una seria anomalía", ha dicho el presidente del CGPJ. "Es la propia Constitución la que fija en cinco años la duración del mandato de cada Consejo, por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones".
Pero también ha señalado que el órgano de gobierno de los jueces tiene asignadas por la misma Constitución "unas muy relevantes funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, funciones que son permanentes y de debido cumplimiento, de manera que deben seguir desarrollándose con normalidad".
Delante del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, reacio a que el CGPJ realice los numerosos nombramientos de altos cargos judiciales pendientes, Lesmes ha subrayado que la dejación de las funciones encomendadas al Consejo "sería incumplir la propia norma fundamental, con grave quebranto para la Justicia española, a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo, en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes".
Reformas necesarias
Lesmes ha dedicado su discurso a los estados especiales que regula el artículos 116.2 de la Constitución, especialmente vigentes tras la necesidad de aplicar el estado de alarma debido a la Covid-19.
El presidente del Poder Judicial ha recordado que la pandemia ha provocado "importantísimas tensiones en el orden legal de los Estados, que han llevado a la adopción de estrictas medidas, sin parangón desde la Segunda Guerra Mundial, dada su repercusión sobre los derechos de las personas".
Lesmes ha subrayado la necesidad de una "mayor claridad normativa" respecto de la adopción de medidas "tan restrictivas" de la libertad, así como una mejor delimitación de su necesaria ratificación judicial cuando son tomadas sobre la base de la legalidad ordinaria.
También se ha referido a la necesidad de reformas procesales que agilicen la tramitación de los procedimientos. Pero ha indicado que las medidas de agilización procesal que se tomen perderán gran parte de su eficacia si no se aborda paralelamente una reforma de los recursos de casación "dado que se parte del riesgo cierto de que se dicten pronunciamientos contradictorios en la avalancha de litigios fruto de la crisis".
"Se impone", ha dicho, "ofrecer cauces de unificación de criterios interpretativos que soslayen respuestas judiciales encontradas que, por otro lado, generan desconcierto en los ciudadanos y propician el aumento de la litigiosidad, necesidad ahora especialmente acuciante en el ámbito de la casación civil".