La declaración de Calvente abre la puerta a investigar a Iglesias por denuncia falsa en el caso Dina

Los problemas que la pieza Dina está causando a Pablo Iglesias parecen lejos de acabar. Cuando aún no se ha disipado la sombra de la sospecha sobre la conducta del líder de Unidas Podemos al retener en su poder durante meses la tarjeta del móvil de su antigua asesora con información íntima de ella, la declaración que este jueves ha prestado el abogado José Manuel Calvente dejó en quienes le escucharon la clara impresión de que el caso Dina fue un "montaje" de Podemos "conocido y autorizado" por el actual vicepresidente segundo del Gobierno.

Calvente aseguró ante el juez García-Castellón que "le consta" que Iglesias "sabía" que la difusión pública en julio de 2016 de los mensajes del móvil de Dina -en los que el líder de Podemos afirmaba que "azotaría a [la presentadora] Mariló Montero hasta que sangrase"- no fue una operación orquestada por las 'cloacas del Estado' tras robar el móvil a Bousselham, sino una filtración interna de alguien del partido.

Pese a ello, "autorizó" -dijo Calvente- la estrategia de acudir a la Audiencia Nacional e iniciar el caso Dina para sacar provecho político: Podemos y su máximo dirigente se presentaban como "víctimas" de la "policía patriótica".

Los mensajes fueron escritos en el chat 'Equipo Portavoz' y, tal como se desprendía de las fotografías publicadas, se trataba de pantallazos captados mientras otros miembros del chat seguían escribiendo.

Filtración interna

Así lo puso de manifiesto Calvente en el chat del equipo legal de Podemos, del que formó parte hasta su despido el pasado diciembre. 

"Si os fijáis, son pantallazos mientras otros escriben, lo cual descarta un móvil robado", escribió Calvente a sus compañeros el 28 de julio de 2016 a la vista de las informaciones publicadas.

"No hay caso alegando robo. Es una filtración de alguien del grupo o de algún amigo de alguien del grupo", añadió.

A Bousselham le habían robado el teléfono en Alcorcón ocho meses antes. La posterior aparición de los pantallazos en OkDiario motivó un intenso debate en el equipo legal del partido, que dirigía Gloria Elizo.

Según se puso de manifiesto durante la declaración, finalmente se optó por que Bousselham acudiera al Juzgado de Alcorcón para ampliar su inicial denuncia -relativa al hurto del móvil- y extenderla a la publicación de los mensajes.

Para entonces ya se sabía que podía tratarse de una filtración interna, dato que se ocultó al Juzgado.

El 27 de marzo de 2019, a pocas semanas de las elecciones generales de abril, Iglesias y Bousselham acudieron a declarar como perjudicados a la Audiencia Nacional, que ocho días antes había abierto la pieza Dina. Tampoco mencionaron los datos que apuntaban a una filtración desde dentro de Podemos.

Por el contrario, a la salida Pablo Iglesias dijo ser víctima de "una trama criminal que vincula a policías, medios de comunicación y grandes empresarios"

Decisión de la 'cúpula'

Según Calvente, la estrategia de atribuir la filtración de los mensajes del teléfono de Dina a la llamada 'polícia patriótica' fue "decidida" por la cúpula" de Podemos a sabiendas de que, en realidad se trataba de una indiscreción de alguien de dentro.

El testigo citó de forma expresa a Iglesias, Irene Montero, Rafael Mayoral y Juanma del Olmo como los dirigentes que tomaron la decisión de ir adelante con el proceso judicial, pese a las reticencias del equipo legal.

La declaración de Calvente fue calificada de "sólida" por los investigadores en lo referido al posible "montaje" del proceso. Fuentes de la Audiencia Nacional aseguraron que los datos aportados por el exabogado de Podemos dibujan una presunta denuncia falsa. 

También merecieron credibilidad las manifestaciones del testigo de que está recibiendo amenazas que atribuyó a sectores radicales del entorno de Podemos, a los que definió como "guerrilla" y "kale borroka".

El relato de esas amenazas y de cómo están afectando a su familia hizo que Calvente se echara a llorar y hubiera que detener la declaración porque no podía seguir hablando.

El juez García-Castellón le ofreció protección y dedujo testimonio para que esas amenazas sean investigadas.