La defensa del presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, ha apelado esta mañana a su inviolabilidad para intentar zafarse de la condena a un año y medio de inhabilitación para cargo público que le impuso el pasado diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Se trata de la inviolabilidad parlamentaria, distinta de la que protege al jefe del Estado. Pero su invocación durante la vista celebrada ante la Sala Penal del Supremo trajo al salón del plenos del alto tribunal el recuerdo del rey emérito.
En esa misma sala donde se ha debatido el recurso de Torra se celebró el histórico juicio del 'procés'. Pero, de acuerdo con las normas que regulan las vistas de casación, el presidente catalán no ha podido intervenir y se ha tenido que limitar a seguir el acto desde un banco destinado al público, con Pere Aragonés sentado a su izquierda.
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La suerte de Torra no se conocerá hasta dentro de unos días, aunque el margen de incertidumbre es pequeño después de que el presidente catalán asumiera durante el juicio en Barcelona que desobedeció reiteradamente la orden de la Junta Electoral Central de que retirara los lazos amarillos y las pancartas con el lema "libertad de los presos políticos" de los edificios de la Generalitat durante el período de la campaña electoral de marzo de 2019.
El Tribunal Superior catalán argumentó su decisión condenatoria señalando que las autoridades están obligadas a mantener una estricta neutralidad política durante los procesos electorales. La JEC, órgano competente en esta materia, había determinado que "el mensaje que emana de los lazos amarillos o de las banderas esteladas tiene un significado partidista, inadmisible en periodo electoral".
"Claro que incumplió"
El abogado de la defensa, Gonzalo Boye, ha vuelto a decirlo hoy: "Claro que incumplió la resolución de la Junta Electoral Central".
Boye no niega la falta de sometimiento del presidente catalán a las órdenes del máximo órgano administrativo en el ámbito electoral pero sostiene que ello no genera responsabilidad penal con distintos argumentos.
Uno de ellos es que en aquel momento Torra era diputado en el Parlamento catalán y, por tanto, gozaba de inviolabilidad por las opiniones que emitiera tanto dentro como fuera de la Cámara.
"El lema de la pancarta es una crítica amparada por la libertad de expresión que siempre ha formado parte de su discurso político", dijo Boye, que añadió que la reclamación de "libertad para los presos políticos" -en referencia a los implicados en la causa del 'procés'- "fue trasladada a una pancarta como podía haberla trasladado a su chaqueta".
Boye defiende a Cayetana
"Aquí nos va a tocar defender a Cayetaba Álvarez de Toledo", añadió el letrado aludiendo a la diputada del PP que ha acusado de "terrorista" al padre de Pablo Iglesias.
"A ella no le ha pasado nada después de repetir fuera lo que dijo en el Congreso", parangonó el defensor, que no mencionó que la exportavoz del grupo popular tiene interpuesta una demanda por parte de Francisco Javier Iglesias.
El defensor también trató de establecer comparaciones entre las sanciones impuestas a Pedro Sánchez o a Isabel Celaa por vulnerar el deber de neutralidad en período electoral, sin mayores consecuencias. Aunque en el caso de los dirigentes socialistas no estaba concernida una cuestión de desobediencia a la JEC -que es el caso de Torra-, Boye sostuvo que al presidente catalán se le estaba dando un trato distinto "y la única explicación es la aplicación desigual del Derecho Penal por ser una minoría nacional", dijo introduciendo argumentos que puedan tener eco en el entorno europeo.
La defensa alegó, asimismo, una supuesta falta de imparcialidad de la Junta Electoral. Le contestó la fiscal de Sala Pilar Fernández-Valcárce, recordándole que no hizo uso del instrumento de la recusación y se limitó a interponer una querella (inadmitida a trámite). Para la fiscal, "los actos son claros y la norma era clara" y Torra desobedeció conscientemente.
La abogada Marta Castro, en representación de la acción popular ejercida por Vox, afirmó que "la esencia de la democracia es el respeto a las leyes. Otra cosa es hacer marketing político".