El CGPJ pacta sacar adelante nombramientos para el Supremo pese a la presión del Gobierno

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial intentará este miércoles realizar los primeros nombramientos discrecionales tras nueve meses de parálisis en el ejercicio de una de sus más relevantes competencias constitucionales.

Algunas de las plazas que tratará de cubrir llevan más de un año vacantes. Pero la situación de prórroga en la que el CGPJ se encuentra desde diciembre de 2018, los intentos frustrados de renovar la institución y la presión que realiza el Gobierno para que esos nombramientos queden en manos del próximo Consejo -en el que el PSOE y Podemos aspiran a tener mayoría- han tenido como resultado que no se haya realizado designación alguna desde diciembre de 2019.

La Ley Orgánica del Poder Judicial no limita las facultades del órgano de gobierno de los jueces debido a la circunstancia de que esté en prórroga y, de hecho, cuando esa situación se ha producido en anteriores CGPJ se han realizado nombramientos con normalidad.

Nombrar en prórroga

Fue el caso del CGPJ presidido por Francisco Hernando, que estuvo dos años (2007 y 2008) en prórroga de mandato. De él formó parte el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

A ocho meses de ser renovado, ese Consejo nombró a presidentes de Sala de Tribunales Superiores de Justicia, a magistrados de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, a miembros de las Salas de lo Civil y Penal de TSJ (las que juzgan a los aforados autonómicos) y a nueve presidentes de Audiencias Provinciales (Palencia, Málaga, Sevilla, La Rioja, Las Palmas, Cantabria, Badajoz, Almería y Segovia).

A punto de ser renovado nombró a ocho magistrados del Tribunal Supremo (Joaquin Huelin, Pilar Teso, Francisco Menchén, Fernando Pignatelli, Luis María Díez-Picazo, Ángel Aguayo, José Manuel López García de la Serrana y Rosa Virolés) y también a un presidente de Sala, Gonzalo Moliner, a quien puso al frente de la Sala de lo Social por cinco años.

En el orden del día del Pleno convocado para este miércoles han vuelto a ser incluidos los nombramientos que iban a realizarse el 28 de julio cuando, creyendo que la renovación sería inminente, fueron retirados. Con la misma idea de una pronta renovación el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, ya había propuesto no llevar a cabo ninguna elección de cargos judiciales discrecionales el mes de enero pasado.

A la vista de la falta de acuerdo político, Lesmes anunció en el discurso de apertura de tribunales el 7 de septiembre que el CGPJ retomaría los nombramientos porque la "dejación de las funciones" encomendadas al órgano "sería incumplir la propia norma fundamental, con grave quebranto para la Justicia española, a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo".

A partir de ese momento se redoblaron las declaraciones gubernamentales en contra de la designación de altos cargos judiciales y los dirigentes de Podemos han advertido que impulsarán medidas "legales y políticas" contra lo que consideran una "maniobra".

Pese a la presión política, vocales de los dos sectores del CGPJ han cerrado este martes un acuerdo para sacar adelante tres nombramientos en la Sala Penal del Supremo y tres presidencias de Sala del alto tribunal.

Mujeres en la cúspide

Hoy se plantea una clara oportunidad para que, 18 años después de que las mujeres juristas llegaran al Tribunal Supremo, una de ellas acceda a la Presidencia de una Sala por primera vez.

El acuerdo incluye el nombramiento de María Luis Segoviano como presidenta de la Sala de lo Social. Al cargo ha aspirado otra magistrada de esa Sala, Lourdes Arastey.

De prosperar, el pacto convertirá a César Tolosa en presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y a Jacobo López Barja de Quiroga en presidente de la Sala de lo Militar.

De esta forma, dos magistrados progresistas -Segoviano y López Barja de Quiroga- y uno conservador -Tolosa- serían promocionados.

El acuerdo incluye también elegir para la Sala Penal del Supremo al progresista Javier Hernández, destinado en el Tribunal Superior de Cataluña; a Leopoldo Puente, magistrado del Tribunal Superior de Madrid y nombre de consenso, y al conservador Ángel Hurtado, magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional.

Todos estos nombramientos requieren un mínimo de 13 votos, que ninguno de los dos grupos del CGPJ reúne por sí solo. La regla de la mayoría cualificada para realizar nombramientos fue reintroducida por el Gobierno de Pedro Sánchez mediante una reforma legal realizada en diciembre de 2018 para impedir que el sector conservador pudiera designar a los cargos judiciales por la mayoría simple que ostenta.

Podemos quiere ahora lanzar una nueva reforma para limitar las competencias del CGPJ en prórroga, entre otras modificaciones con las que se pretende 'atar corto' al órgano de gobierno del Poder Judicial.