En los 28 minutos que mediaron entre las 10.53 y las 11.21 de este miércoles, el Consejo General del Poder Judicial respondió a la descalificación del Gobierno de que es un órgano "en descomposición": realizó seis de los más importantes nombramientos que conciernen al Tribunal Supremo y lo hizo por unas mayorías de 19 y 18 votos (de un total de 21).
Nunca el CGPJ presidido por Carlos Lesmes había llevado a cabo tantos nombramientos en primera votación y con un respaldo tan amplio.
Tras haber sido 'ninguneado' imponiendo la ausencia del Rey en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, las presiones que el CGPJ ha recibido del Gobierno -con una particular agresividad por parte de Podemos- para que se abstuviera de ejercer sus competencias al estar en prórroga de mandato y dejara la elección de altos cargos judiciales al futuro Consejo -donde PSOE y Podemos esperan tener mayoría- han funcionado a la postre como un bumerán: el órgano de gobierno de los jueces ha devuelto el embate con una exhibición de reforzamiento institucional y de autonomía respecto al poder político.
Ello ha sido posible por un pacto taumatúrgico alcanzado entre los 11 vocales propuestos por el PP, seis de los siete propuestos por el PSOE (todos menos Álvaro Cuesta) y el propuesto por el PNV, Enrique Lucas. Quedó fuera la vocal propuesta por IU, Concepción Sáez. Lesmes, por su parte, había comunicado hace días a los consejeros que apoyaría el acuerdo al que llegasen.
El pacto fue gestionado meticulosamente por José María Macías por parte de los vocales del sector mayoritario y por Victoria Cinto como interlocutora de los vocales propuestos por el PSOE y PNV. Pero hubo una inusual confluencia de voluntades que se refleja en la carta que Vicente Guilarte dirigió a sus compañeros el pasado lunes.
Tras lamentar el "manejo partidista" de la institución "que poco ayuda a la dignificación de nuestro CGPJ" y que "debemos atajar de raíz", el vocal proponía "proceder por unanimidad, o al menos con una mayoría muy cualificada y no la meramente reglamentaria, a los nombramientos pendientes".
"Si no logramos tal consenso y evidenciamos, al igual que todos ellos [los políticos], las debilidades e intereses partidistas, mejor nos vamos", finalizaba.
Mayoría de progresistas
"Todos hemos tenido que ceder, pero lo importante era sacar adelante los nombramientos", subrayan varios vocales en alusión a las distintas preferencias de candidatos que cada uno tenía. Concepción Espejel, respaldada por vocales del sector mayoritario para la Sala Penal, cayó por la oposición rotunda del otro grupo. Y Pilar Teso, a la que consejeros de uno y otro bando hubieran apoyado para presidir la Sala Tercera, fue víctima de la preferencia de otros candidatos progresistas para las Salas Cuarta y Quinta.
Eran seis nombramientos clave: tres magistrados de la Sala Penal del Supremo y tres presidentes de Sala del alto tribunal. Los primeros, que se integrarán en la Sala más delicada del TS al ser la que juzga al Gobierno y a otros aforados, permanecerán en ella hasta su jubilación. Los segundos tendrán un mandato de cinco años y se pondrán al frente de las Salas Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), Cuarta (de lo Social) y Quinta (de lo Militar), además de ser miembros natos de la Sala de Gobierno.
El grupo de vocales propuestos por el PP ha utilizado su mayoría para respaldar un acuerdo que ha beneficiado numéricamente a los candidatos progresistas: Javier Hernández en la Sala Penal y Maria Luisa Segoviano y Jacobo López Barja de Quiroga en las presidencias de las Salas Cuarta y Quinta.
Dos de los seis nombrados son conservadores: Ángel Hurtado en la Sala Penal y César Tolosa como presidente de la relevante Sala Tercera, la que controla a la Administración.
El sexto, Leopoldo Puente, un discreto magistrado del Tribunal Superior de Madrid elogiado por su rigor técnico, es considerado un candidato de consenso entre los dos sectores del Consejo e ideológicamente neutro. Aunque hace años perteneció a Jueces para la Democracia, actualmente es no asociado, como el resto de los nombrados menos dos: Tolosa es de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura y Hernández, de JpD.
La Sala Penal mantiene, así, el equilibrio ideológico que tenía antes de la jubilación de Luciano Varela y Alberto Jorge (ambos progresistas) y Francisco Monterde (conservador).
La falta de paridad de género -no obligada en las normas sobre nombramientos judiciales, pero sí recomendada- se ve compensada por el hecho de que, por primera vez en sus 208 años de historia, una mujer va a presidir una Sala del Supremo. Segoviano se integrará, además, en la Sala de Gobierno, de la que forma parte otra magistrada como miembro electo, Susana Polo.
La reacción
En el CGPJ temen ahora que el Gobierno quiera 'vengarse' de la determinación mostrada por el Consejo en el ejercicio de sus competencias y articule una reforma legal exprés para forzar la renovación del órgano y limitar sus facultades cuando esté en prórroga de mandato.
Esa reforma, en la que está insistiendo Podemos, pasaría por renovar parcialmente el CGPJ. Serían elegidos sólo los vocales judiciales con una mayoría simple del Congreso y del Senado, interpretando que la exigencia constitucional de los tres quintos únicamente regiría para los vocales juristas.
"No sólo sería inconstitucional sino que, además, ahuyentaría cualquier posible acuerdo con el PP en los próximos meses", afirman fuentes del Consejo.
Respecto a las competencias, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no limita su ejercicio cuando el Consejo ha superado los cinco años de mandato y las fuerzas políticas no proceden a su renovación. Algunas de las plazas cubiertas hoy llevaban vacantes más de un año, recuerdan en el Consejo, donde se sostiene que el funcionamiento de la Justicia no puede quedar al albur de que los políticos se pongan o no de acuerdo en la sustitución del órgano de gobierno de los jueces.
El vocal Álvaro Cuesta, que ha formulado un voto particular a la decision del Pleno de proceder a los nombramientos, reconoce que la actual LOPJ no limita las facultades del Consejo en prórroga. En un cierto reproche al Gobierno de Sánchez, Cuesta recuerda que "en 2018, producida la ruptura en noviembre de los acuerdos de renovación", se aprobó una reforma legal para, entre otros cambios, reintroducir la exigencia de una mayoría reforzada en los más importantes nombramientos judiciales, pero "no hizo previsión ni tuvo en cuenta los escenarios de ruptura, bloqueo y transcurso por agotamiento del mandato del CGPJ".
"Las funciones de un Consejo en funciones no fueron tasadas en la reforma, cuando ya se vivía por el legislador un momento de ruptura y bloqueo y de mandato caducado", señala.
Para Cuesta, no obstante, "las circunstancias han cambiado" por lo que califica como "bloqueo inconstitucional intencionado" del PP, al que no cita expresamente.
"Se denuncia, no sin razón, que del bloqueo se pretende sacar 'ventaja'
en la acción y acuerdos de las altas instituciones que están integradas
por una composición correspondiente a otro momento", añade el vocal, pese a que los nombramientos acordados este miércoles no han favorecido al sector mayoritario del Consejo.
Cuesta sostuvo que había que retirar esos nombramientos para "contribuir al prestigio institucional y a la credibilidad del CGPJ, como nunca modélico en su gestión y que nunca ha pretendido controlar al Tribunal Supremo ni a la justicia 'por la puerta de atrás'", concluye en referencia al 'whatsapp' del senador del PP Cosidó que frustró la renovación del órgano de gobierno de los jueces en 2018.