La AN colsultará a Sanidad para resolver la petición de un letrado de suspender las restricciones

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por el abogado Curro Nicolau contra el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para frenar el avance del coronavirus -que permitirá confinar Madrid- y ha ordenado resolver las medidas cautelarísimas solicitadas en él para suspender la entrada en vigor de dicho acuerdo, para lo cual no es necesario oír a la otra parte, esto es, el Ministerio de Sanidad.

Nicolau presentó el jueves un recurso contra el acuerdo del CISNS y la resolución de la Secretaría de Estado de Sanidad que dio publicidad al mismo, y este viernes lo ha ampliado para incluir también la posterior orden ministerial. En ambos escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, ha pedido medidas cautelarísimas para impedir que este paquete anticovid entre en vigor.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo le ha contestado este mismo viernes con un decreto por el cual admite a trámite el recurso y pone los autos "en poder de la magistrada ponente para la resolución de las medidas cautelarísimas solicitadas", designando como tal a Mercedes Pedraz.

Sin alegaciones

Para la resolución de las medidas cautelarísimas no es necesario pedir alegaciones a las partes, puesto que están ideadas para que se decidan cuanto antes, por lo que Pedraz resolverá si suspende o no la entrada en vigor de las medidas restrictivas acordadas por el CISNS sin escuchar antes al Ministerio de Sanidad.

No obstante, en este mismo decreto la Audiencia Nacional pide a Sanidad que en el plazo máximo de cinco días le envíe el expediente administrativo, "acompañado de los informes y datos que estime pertinentes". Entonces, ha indicado, podrá solicitar la inadmisión del recurso y, en su caso, una comparecencia.

La Comunidad de Madrid también ha recurrido el acuerdo del CISNS ante la Audiencia Nacional, pero en su caso ha pedido la suspensión de su entrada en vigor mediante medidas cautelares, por lo que ahora tiene diez días para presentar alegaciones.